- Dolors Torrents era una de las 80.000 personas que no pueden votar en España debido a sentencias de modificación legal de la capacidad de obrar (antes incapacitación). Tras un año y medio de lucha, ha logrado que un juez de Badalona restituya este derecho fundamental, recogido en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
- En el marco de su campaña #MiVotoCuenta2015 y ante las Elecciones Generales del 20D, Plena inclusión denuncia la falta de compromiso de los partidos políticos con el acuerdo adoptado en sede parlamentaria hace más de un año para modificar la Ley Electoral y desvincular el derecho de voto de los procesos de modificación de la capacidad jurídica.
Madrid, 17 de diciembre de 2015.- "Que necesite apoyo en temas económicos, no significa que no pueda tomar decisiones ni expresar mi opinión como ciudadana". Aunque Dolors ahora lo tiene muy claro, hace 10 años dejó de poder votar debido a una sentencia que modificaba su capacidad de jurídica (incapacitación), pese a que hasta ese momento había ejercido ese derecho fundamental como cualquier otro ciudadano.
Le ha costado más de un año de lucha revisar su sentencia para recuperar este derecho pero finalmente, con el apoyo de Dincat-Plena inclusión Cataluña, el viernes pasado la joven catalana ha logrado ver reconocido de nuevo su derecho a votar. Por desgracia la decisión del juez no llega a tiempo para que pueda hacerlo en las próximas Elecciones del 20 de diciembre, ya que según su abogado, Jordi Grinyó, “para que sea una sentencia firme aún deben pasar 20 días". A esto hay que añadir además que dicha sentencia debe comunicarse al Registro Civil para que actualice la base de datos con el fin de que Torrents pueda volver a recibir la tarjeta censal.
En España todavía existen 80.000 personas privadas del derecho de voto por sentencias que modifican su capacidad de jurídica (gran parte de ellas tienen alguna discapacidad intelectual). Pese a que se ven amparadas por la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2008, lo cierto es que nuestro país poco ha hecho por acabar con esta grave discriminación que les convierte en ciudadanos de segunda. Hace más de un año, todos los grupos parlamentarios acordaron un cambio de la Ley Electoral que invalida la privación del derecho de voto de cualquier sentencia que modifique la capacidad de jurídica. Sin embargo, esta modificación legislativa no se ha abordado aún.
En Plena inclusión, organización que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, desarrollamos desde hace años la campaña “Mi Voto Cuenta” (#MiVotoCuenta2015), en la que alertamos y denunciamos este tipo de discriminación, así como la que sufren otras muchas personas que sí pueden votar, pero que no pueden hacerlo en igualdad de condiciones, ya que los procesos electorales y los mensajes de los partidos políticos no son accesibles para quienes tienen alguna dificultad de comprensión.
En estas Generales, partidos como PSOE, Podemos o UPyD se han mostrado sensibles a estas dificultades de comprensión, y han difundido versiones facilitadas de sus programas electorales, que pueden encontrarse en sus respectivas páginas web. Asimismo, en la web www.mivotocuenta.es Desde Plena inclusión facilitamos a estas personas información accesible sobre cómo votar y por qué es importante hacerlo.