Plena inclusión reivindica que la nueva ley
de la Función Pública
asegure que toda persona
con un certificado de un 33%
de discapacidad pueda presentarse
a los exámenes de oposición
para empleos en administraciones públicas.
También se pide que se tengan en cuenta
los factores sociales de la persona.
Por ejemplo:
- Situación económica
- Situación familiar
- Situación residencial.
- Acceso a ayudar públicas.
