El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció este miércoles, 20 de noviembre, el proyecto de abrir cuatro nuevos módulos Integra (aquellos en los que cumplen penas o medidas de seguridad personas con discapacidad intelectual) en otros tantos centros: la prisión Madrid I, el CIS (Centro de Inserción Social) de Alcalá de Henares, y otros dos centros penitenciarios, que no concretó, en Andalucía y Comunidad Valenciana. El adelanto se hizo en el marco de un encuentro informativo, organizado por Plena inclusión España y Servimedia, en el que se habló sobre el presente y el futuro de la atención que se da a las personas con discapacidad intelectual que cumplen condenas privativas de libertad. En este momento funcionan solo dos módulos específicos (en la cárcel de Estremera, en Madrid, y en la de Segovia) en todo el país.
De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, de las 50.500 personas reclusas en todo el Estado, 3.773 son personas con discapacidad. De ellas, según esta misma fuente, 248 (6,5%) tienen reconocida una discapacidad intelectual. “Nos encontramos con numerosos casos de personas con discapacidad intelectual no certificada oficialmente”, destacó el secretario general de Instituciones Penitenciarias. Precisamente, en el encuentro informativo de Servimedia, también participó Víctor Fernández, un recluso del centro penitenciario Ocaña II atendido por el programa de Plena inclusión Castilla La Mancha, al que todavía no se le ha reconocido oficialmente su discapacidad intelectual.
Ángel Luis Ortiz justificó la creación de cuatro nuevos módulos Integra, que son los específicos para personas con discapacidad intelectual, por el buen resultado que están dando y “con el fin de paliar el desarraigo familiar de los internos”. En este momento, las familias de las personas reclusas que residen en localidad alejadas de Segovia y Madrid, deben recorrer largas distancias para visitar a sus allegados.
Desde Plena inclusión España, movimiento asociativo que agrupa a 925 asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual y sus familias, se ha valorado esta decisión que viene a paliar en parte la enorme demanda que existe de respuestas adaptadas a las personas con discapacidad intelectual que cumplen condena en cárceles españolas. Para Inés de Araoz, responsable del Área Jurídica de Plena inclusión, no obstante, “los módulos específicos no son la solución ideal aunque en este momento sí cubren una realidad existente y acuciante”.
PLENA INCLUSIÓN ATIENDE A 1554 PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS
El programa de Prisiones que desarrolla Plena inclusión atendió en 2018 a 1554 personas con discapacidad, el 10% mujeres. El 23% son personas en situación de riesgo delictivo; un 10% se hallan inmersas en un proceso judicial; el 58% cumplen pena privativa de libertad o medida de seguridad en centros penitenciarios y el 17% en libertad definitiva.
El programa, que funciona desde 1987 se desarrolla en 13 comunidades autónomas y en Ceuta. Esto supone que Plena inclusión atiende a personas en el 77% de los centros penitenciarios del país y en el 50% de los CIS (Centros de Inserción Social), que son en los que trabajan con personas internas que cumplen su pena en régimen abierto o que se encuentran en un avanzado proceso de reinserción.