La Administración Pública crea las Unidades de Inclusión en los ministerios

En diciembre de 2023, el Gobierno de España aprobó la creación en los distintos ministerios de las Unidades de Inclusión del Personal con Discapacidad (UIPD). Nacen con un objetivo muy claro: encargarse del acompañamiento social y laboral de la persona con discapacidad que se incorpora a un empleo público, asegurándose además de que se produzca la adaptación del puesto de trabajo cuando haya sido solicitada.

También se ocupan de dar apoyo administrativo especializado en materia de inclusión del personal con discapacidad y hacer el seguimiento y evaluación de las medidas en favor de las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público.

En el caso de las personas con discapacidad intelectual, el trabajo de adaptación también debe garantizar que los puestos de trabajo se adecúan a las capacidades y habilidades de las personas, y que se facilita su inserción y promoción profesional dentro de la Administración.

Un proceso en marcha

Pilar Garre Mena, responsable de la Unidad de Igualdad y Unidad de Inclusión Personal con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, señala que “estas unidades están en proceso de creación y consolidación en todos los ministerios” y su funcionamiento aún es “heterogéneo”.

Pilar Garre

Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

«Estas unidades están en proceso de creación y consolidación en todos los ministerios«.

Con el objetivo de que las unidades avancen de forma homogénea en todos los ministerios, se ha constituido una red informal de comunicación entre todas ellas, para intercambiar información, formación y recursos. Uno de esos recursos es un protocolo que recoge el papel que deben desempeñar las UIPD en el proceso de adaptaciones de los puestos de trabajo.

Por otro lado, durante la primera parte de 2025, desde la Unidad de Inclusión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se organizó una formación dirigida a las personas responsables de las unidades de los distintos ministerios, impartida por el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT, dependiente del IMSERSO) y el Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva (CEAGOG).

Raquel Cárcamo, codirectora del CEACOG, destaca que esta formación “fue muy importante para que las unidades de inclusión conozcan las herramientas y recursos que pueden usar para la accesibilidad cognitiva, porque esos apoyos son necesarios para que las personas con discapacidad intelectual podemos hacer bien nuestro trabajo en los ministerios”, y pone como ejemplo el rol que desempeñan los preparadores laborales.

Raquel Cárcamo

Centro Español de Accesibilidad Cognitiva

«La formación es muy importante para que las unidades de inclusión conozcan las herramientas y recursos que pueden usar para la accesibilidad cognitiva«.

Escuchar a las personas con discapacidad

Una de las claves en el desarrollo de las Unidades de Inclusión es escuchar a las personas con discapacidad, para conocer de primera manera sus necesidades y conseguir que las adaptaciones sean más exitosas. “En la fase de evaluación de los riesgos laborales, junto con los servicios de prevención, se realizan entrevistas personalizadas con las personas con discapacidad y, en caso de ser necesario, también a personas de su entorno que puedan ayudar a delimitar qué adaptación es necesaria en cada caso concreto (familias, preparadores laborales, asociaciones de referencia, etcétera. En todo este proceso la Unidades de Inclusión presta su apoyo y acompañamiento a las partes intervinientes en todas las fases para hacer el seguimiento del proceso y garantizar su éxito”, explica Garré. 

Además, este año se compartió entre las unidades de inclusión un cuestionario de bienestar laboral sobre necesidades y dificultades del personal con discapacidad, anónimo y en formato accesible, elaborado en el ámbito del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para conocer cuáles son las principales dificultades y obstáculos que las personas con discapacidad se encuentran en su centro de trabajo y en el desempeño de su actividad, que ya está siendo utilizado por varios ministerios, que lo están adaptando a su propia estructura y necesidades.

Una labor que implica a toda la Administración General del Estado.

A la espera de una evaluación más rigurosa de los resultados de este cuestionario, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya están viendo los frutos de las unidades gracias al equipo de personas que han prestado apoyo a la incorporación de personas con discapacidad a los puestos de trabajo. Esta labor se ejemplifica en una experiencia que han valorado como “un caso de éxito”: el de una persona con discapacidad intelectual que, gracias a la implicación de la red de apoyo natural que llevó a cabo su inserción laboral hace dos años, ha conseguido pasar de cumplir funciones de ordenanza a desempeñar funciones de secretaría con total éxito y rigurosidad profesional. “Se han valorado sus capacidades y competencias y se ha intentado buscar un puesto de trabajo que pudiera desempeñar y que se adecuara mejor a sus habilidades”, cuentan con satisfacción.

El proceso de impulso y desarrollo de estas Unidades de Inclusión está implicando a muchas unidades de la Administración General del Estado, con muchas personas trabajando para ponerlas en marcha en los diferentes Ministerios y que puedan cumplir sus funciones para hacer efectiva la inserción laboral de personas con discapacidad en puestos de la administración pública.