El 3 de diciembre, 15 mil personas
se manifestaron en Sevilla para pedir
más dinero para los centros de discapacidad.
Las asociaciones dicen
que sin una mejor financiación,
estos centros pueden cerrar.
Piden que el dinero suba
según los precios y sueldos actuales.
CERMI Andalucía alerta
de que más de 500 mil personas
pueden quedarse sin ayuda
si no se cambia el sistema de financiación.
También piden un acuerdo nacional
para garantizar los derechos
de las personas con discapacidad.
El mensaje es claro:
la discapacidad no es caridad, es un derecho.
Esto significa que las personas con discapacidad
no deben depender de la voluntad de otras,
sino que tienen derechos
que deben ser garantizados.
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El pasado 3 de diciembre, Sevilla fue testigo de una de las mayores movilizaciones en defensa de las personas con discapacidad en Andalucía. Cerca de 15.000 personas, entre personas con discapacidad, familiares y profesionales del sector, recorrieron las calles desde la Plaza de España, sede de la Subdelegación de Gobierno, hasta el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para exigir soluciones ante la asfixia financiera que amenaza la continuidad de los servicios que atienden a este colectivo.
El conjunto de entidades sociales denuncia que la falta de una financiación justa pone en peligro la supervivencia de los centros, cuyo mantenimiento se ha vuelto insostenible con los precios, salarios y tarifas actuales. Durante la protesta, se leyó un manifiesto en el que se exigía la actualización automática de esos costes conforme al IPC y el reconocimiento del incremento de los convenios colectivos de los profesionales, asegurando así la viabilidad del sistema.
Esta gran manifestación culminaba un completo calendario de acciones que se desplegó por todo el territorio en las semanas previas, con concentraciones a las puertas de los centros en una primera fase, para pasar a movilizaciones en las capitales de provincia días más tarde, donde se congregaron un millar de personas en cada una de ellas. Plena Inclusión Andalucía, por su sólida implantación en la comunidad y sus cifras (120 entidades miembro, 850 centros y servicios, 30.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo atendidas de manera directa, 10.000 profesionales trabajando y más de 2.000 voluntarios colaborando), fue una de las organizaciones con más presencia y protagonismo tanto en la manifestación central como en esas reivindicaciones previas.
CERMI Andalucía, organización que agrupa a las entidades del sector y abandera esta campaña conocida como ‘Juntos podemos evitarlo’, ha alertado de que sin una reforma estructural en la financiación los servicios esenciales que atienden a más de medio millón de personas en la comunidad están en riesgo de desaparición. La propuesta es clara: un modelo estable y previsible que no dependa de decisiones presupuestarias coyunturales, sino de un estudio riguroso del coste real de los servicios.
Las reivindicaciones van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central. A nivel nacional se reclama un Pacto de Estado que garantice la igualdad de derechos en todo el territorio, con una financiación suficiente que alcance el 50% de cada administración. A la Junta, se le exige un nuevo modelo que permita a las entidades cubrir no solo sus costes operativos, sino también ofrecer una atención de calidad y ajustada a las necesidades reales de las personas con discapacidad.
Para el presidente de Plena Inclusión Andalucía, Antonio Fernández, “es vital que se blinde la Dependencia en nuestra comunidad, pero también se necesita un incremento presupuestario urgente para que los profesionales de nuestras entidades puedan seguir cobrando de una manera digna lo que según el nuevo convenio colectivo les corresponde”.
La discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos.
Por su parte, el director de Plena Inclusión, Enrique Galván, subraya la importancia de que “las Administraciones deben ser sensibles a las necesidades de buena financiación y recursos de calidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias”. Cabe destacar que Plena Inclusión España, como muestra de apoyo a la federación andaluza y a otras que también empiezan a verse afectadas, ha lanzado la campaña propia ‘Sin recursos no hay cuidados’, en la misma línea de reclamar un Pacto de Estado que dignifique el sector de los cuidados y teja fuertes alianzas con la sociedad.
El mensaje de la protesta es contundente: la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos. La falta de recursos amenaza con dejar en el olvido a miles de personas y familias que dependen de estos servicios. Es hora de que las administraciones asuman su responsabilidad y garanticen una financiación digna y sostenible. Porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su deber más esencial.
