Son muchos los estudios que avalan los modelos de intervención que defendemos. El profesor Vicente Martínez Tur y su equipo, de indudable trayectoria investigadora en el ámbito español e internacional, ha trabajado durante años sobre las competencias profesionales y las claves en la relación y el contexto que hacen posible la mejora de la calidad de vida y del proyecto personal de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Hablamos de una buena formación, expectativas positivas, generación de climas de confianza y comunicación, procesos colaborativos de implicación de las personas y sus familias. No es una opinión, es una evidencia.
El INICO de la Universidad de Salamanca, y a su cabeza el profesor Miguel Ángel Verdugo, ha dedicado gran parte de su labor a promover un modelo de apoyos y una conceptualización práctica de la discapacidad que nos ha ayudado a enfocar nuestra acción y a generar prácticas críticas que durante años han servido a nuestras organizaciones, siempre en proceso de mejora constante.
El profesor Xavier Etxebarria y su enfoque ético nos ha alumbrado caminos donde avanzar en la ética aplicada y la justicia en las organizaciones. Y podríamos seguir… No vivimos sin conocimiento científico, ni rigor profesional, tenemos estudios, modelos de intervención, planes de formación profesional, proyectos de innovación. Sabemos que los buenos resultados no llegan por casualidad; precisan de equipos estables que buscan la excelencia, organizaciones con sistemas de información y procesos ágiles, y la implicación, el compromiso y el protagonismo de las personas con discapacidad y sus familias.
Pero hoy nos enfrentamos al imperio de la ‘uberización’ de los servicios; al bajo precio del concurso o de los conciertos. Triunfa una depreciación del sector de los apoyos y cuidados que nos empobrece, la infrafinanciación. Y, lo que es peor, sentimos que nos infravaloran. No hay una verdadera política de calidad en los servicios de apoyo a personas. No hay sistemas efectivos de evaluación que diferencien los buenos proyectos de servicios, de los que rozan la vulneración sistemática de derechos. Existe una corriente de socialwashing que solo la aguanta el papel. Se ha extendido un sector de la dependencia mal entendida, de la supervivencia, de la asistencia básica. Vivimos una amenaza cierta de involución.
Nuestras profesionales y equipos, piedra angular de nuestros proyectos, no pueden considerarse mano de obra barata de contratos por días o semanas, con altos niveles de rotación, falta de formación y mínimo compromiso. No podemos aceptar que ese sea el futuro de un sector como el de la discapacidad intelectual que es ejemplo de personalización, promoción de calidad de vida y de ética.
Y en este caso, resulta claro de quién es la responsabilidad. Los poderes públicos han infrafinanciado de forma histórica a nuestro sector, provocando que se debilite; empujándole a modelos de mínimos, en teoría ya superados.
Resulta urgente exigir respeto por nuestro trabajo, demandar dignidad para los apoyos y servicios que prestamos ya que se convierten en el puente necesario para el ejercicio de derechos de ciudadanía para muchas personas en nuestro país. Las administraciones estatal y autonómicas deben reconocer, sostener e impulsar a nuestras organizaciones y los equipos que en ellas trabajan.
Es de justicia, pero también entendemos que la política más inteligente reside en invertir en un sector dinámico, innovador y tractor de los servicios sociales en España.
