Revista digital del movimiento asociativo Plena inclusión

Especial nuevos perfiles profesionales

Número 487. Mayo de 2024

«La figura del facilitador judicial ayuda a una Justicia informada para las personas con discapacidad»

Inés de Araoz
Inés de Araoz

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Inés de Araoz coordina el Área Jurídica de Plena inclusión España, pero además es una de las mayores expertas en este país sobre la figura del facilitador judicial.

En la siguiente entrevista, De Araoz desgrana el enorme avance que supone, en la garantía a la accesibilidad cognitiva para las personas con dificultades de comprensión en los procesos judiciales (tanto como presunto/a acusado/a, como en su condición de testigo/a), al tiempo que propone que este nuevo perfil profesional se extienda en el sistema judicial español

¿Qué aporta esta figura en la búsqueda de más derechos para las personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión?
En los procedimientos en los que participen personas con discapacidad, es posible contar con una persona profesional experta que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.
La persona facilitadora es aquella que trabaja, según sea necesario, con el personal del sistema de justicia y las personas con discapacidad para asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales. Esta figura profesional apoya a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes y el apoyo adecuados. Por principio, debe ser neutral y no habla en nombre de las personas con discapacidad ni del sistema de justicia, ni dirige o influye en las decisiones o resultados.

Y, en concreto, ¿cuáles son sus funciones?
En primer lugar, identificar las necesidades de apoyo relacionadas con la comprensión, comunicación e interacción con el entorno del proceso en el que deba participarla persona con discapacidad. También se ocupa de determinar cuáles son los apoyos y ajustes concretos hacen falta para garantiza la participación de cada persona en cada situación concreta. Y por último, tiene la obligación de implementar las adaptaciones y ajustes por sí mismo o a través de terceros cuando sea necesario.

¿Qué formación se requiere para ser facilitador judicial?
Al tratarse de una figura nueva, no cuenta con formación reglada asociada . No obstante, sí existe consenso en el ámbito de las organizaciones del CERMI. Puesto que acompañan a personas con discapacidad durante procesos judiciales, será necesario que tengan conocimientos sobre el modelo de derechos humanos de la discapacidad, que incluye el modelo social, así como conocimientos y experiencia en el trato con personas con la discapacidad de que se trate.
Asimismo, puesto que su ámbito de trabajo se centra en el Sistema de Justicia, deberá tener conocimientos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como el funcionamiento de los procesos judiciales y los roles de las personas participantes en ellos.
Además, puesto que su labor va dirigida a garantizar la participación de la persona en el proceso y a determinar ajustes y adaptaciones relacionados con la comunicación, la comprensión y la interacción del entorno, deberá tener las competencias necesarias para identificar las barreras que enfrenta la persona en el proceso, así como determinar e implementar cuáles los ajustes necesarios para eliminarlas permitiendo la participación de la persona con discapacidad.
También deberá disponer de competencias que le permitan comunicarse con la persona con discapacidad y con el resto de las personas participantes en el proceso. Esto supone que las personas que presente el servicio de facilitación podrán tener perfiles profesionales socio-sanitarios de base diferentes dependiendo del tipo de discapacidad que presente la persona, por ejemplo: psicología, trabajo social, pedagogía, terapia ocupacional, educación social, criminología, psicopedagogía, pedagogía o logopedia.

Este perfil profesional es muy reciente. ¿Qué retos plantea su extensión?
El marco normativo actual es insuficiente y genera inseguridad jurídica ya que no está definido cuáles son las reglas procesales aplicables a la intervención del facilitador en los diferentes tipos de procedimiento y en los diferentes actos procesales. También están por determinar su perfil profesional, formación necesaria, funciones, principios de actuación. Dichos elementos deberían ser los mismos independientemente del territorio en que nos encontremos. Otro reto es que actualmente este servicio no está garantizado para cualquier persona en cualquier territorio. Solamente algunas comunidades autónomas (muy pocas) disponen del mismo y no siempre abarca la fase policial. Por último, es un reto esencial el poder contar con un número suficiente de profesionales adecuadamente formados y con las competencias necesarios que permita atender la demanda de sus servicios.

 

 

José L. Corretjé

Plena inclusión España

Olga Berrios

Equipo de comunicación de Plena inclusión España
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