El titular de este reportaje no resulta fiel al contenido del mismo. Esta es una realidad que se repite en la mayoría de los textos periodísticos que hablan de una realidad compleja. Y lo es porque “Stop a las restricciones” son 4 palabras que describen una propuesta radical de desaparición de las restricciones que se emplean con personas que presentan problemas de conducta, y esa formulación, aun siendo deseable, solo es un horizonte hacia el que se camina.
Amalia San Román, coordinadora técnica de Plena inclusión España y de la red ‘Todos Somos Todas’, se muestra optimista con los avances: “El principal logro que veo surge con la revisión ética de nuestras prácticas. En este proceso fundamental, que es el que va a permitir el cambio cultural que promovemos, participa un grupo de asociaciones de Plena inclusión que se han implicado en el pilotaje que desarrollamos desde 2022”. Sesenta entidades de todo el país se han embarcado en un proceso de formación y reflexión sobre la práctica diaria de aplicación de restricciones a personas con alteraciones de conducta.
La punta del iceberg
Al igual que sucede con la violencia machista, cuando desde los medios de comunicación se simplifica esta terrible realidad limitándose a hablar de las cifras de asesinatos de mujeres a manos de sus pajeras o exparejas, desde el movimiento que defiende la limitación de restricciones se alude al término “la punta del iceberg”. Las restricciones físicas (uso de cinchas, retenciones a las camas, etc.) y las farmacológicas no son las herramientas más empleadas con las personas que presentan problemas de conducta. Fabio Muñoz, una persona con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, recuerda lo que le pasó hace unos años cuando le ingresaron en un hospital madrileño: “Me puse nervioso y me ataron de brazos y piernas a la cama. Luego, entre cuatro mujeres me desnudaron y me ducharon a la fuerza”.
Amalia San Román, por su parte, insiste que estos casos siendo los más sangrantes, no deben ocultar otras prácticas invisibles: “Nos preocupan otras limitaciones que no se ven y que son las que anulan la capacidad de tener una vida digna para las personas que las sufren”. En concreto, se refiere a la limitación de horarios o de acceso a partes de las instalaciones comunes. O, incluso, a la separación del resto del grupo de personas con las que comparten una residencia o un centro de día, impidiendo a quienes muestran alteraciones de conducta la posibilidad de participar en actividades que disfrutan el resto de sus compañeros y compañeras.
La reflexión sobre la reducción de restricciones genera cada día más interés entre quienes apoyan a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Pero también para profesionales que trabajan en asociaciones de personas mayores o con enfermedades mentales. Quienes más investigan sobre esta compleja realidad defienden que “la práctica diaria es la que genera un mayor cambio”.
Otra ‘palanca’ imprescindible para que se produzca el cambio deseado reside en lo que se haga en el ámbito judicial. Afortunadamente, ya se empieza a ver cómo la denuncia sobre la vulneración de derechos fundamentales, liderada por el movimiento asociativo, está provocando reacciones entre quienes deben velar por el respeto de los derechos y libertades de las personas. Desde la Fiscalía de Mayores y Discapacidad se lanzó, a comienzos de 2022, una instrucción que recomienda a los fiscales la vigilancia del uso que se hace de las restricciones en residencias y hospitales. De forma paralela, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía para la Atención a la Dependencia (SAAD) ha alcanzado recientemente un acuerdo desde el que se conmina a las organizaciones sociales a contar con un ‘Plan de atención libre de sujeciones’ antes del 30 de junio de 2025.
Cambios legales
Isabel del Hoyo, directora de Autismo Cádiz, aplaude estas iniciativas, pero avisa: “Todos estos cambios legales generan miedo. Por eso hay acompañarlo de un paquete de medidas que permita que los profesionales se formen y limiten una práctica que supone una vulneración de derechos”. Del Hoyo también recuerda que las técnicas de prevención, como el Apoyo Conductual Positivo o el Apoyo Activo, son buenas alternativas para responder a la tendencia automática que lleva a aplicar el control. Al hacer una labor preventiva, reconoce que se gestionan mejor las crisis y, como resultado, aumenta la felicidad y el bienestar de las personas a las que antes se las contenía mediante restricciones.
Y precisamente en ese ‘viaje’ es en el que se ha embarcado Plena inclusión desde hace unos años de la mano de BILD, una organización británica con una larga experiencia en propuestas para limitar al máximo las restricciones que se emplean. Para BILD, España está a tiempo de generar la reflexión ética que se necesita para que se produzca un cambio cultural.
El pilotaje desplegado por Plena inclusión en 60 entidades del movimiento asociativo incluye formaciones dirigidas a profesionales, familias y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que insisten en la capacidad transformadora de la prevención. Además, se introducen elementos de innovación es el Dbriefing, una alternativa a la frustración que se genera en quienes se ven obligadas a practicar restricciones pese a no querer hacerlo. Esta metodología, de la que habla la experta Sarah Leicht en este número de VOCES, sirve para afrontar las consecuencias de esta sensación de fracaso.
Amalia San Román valora la colaboración que se ha establecido con la Fiscalía de Mayores y Discapacidad. También señala el avance que supone que el Ministerio de Derechos Sociales haya abierto un estudio sobre la realidad de la aplicación de restricciones en nuestro país que no solo afecta a las personas con discapacidad, sino que se extiende a los centros de personas mayores y salud mental, por poner los dos ejemplos más numerosos. “Este año nos seguimos planteando nuevos retos”, añade. Entre ellos destaca la apertura de itinerarios formativos sobre reducción de restricciones que se extienden a 900 entidades. “Así democratizamos aún más el conocimiento adquirido”, explica. También alude a la mejora de la herramienta de evaluación, que ya utilizan decenas de asociaciones de Plena inclusión. Pero el principal reto está en “poner todo lo logrado al servicio de las personas con más necesidades de apoyo que son siempre las más vulnerables”, puntualiza.