En VOCES entrevistamos al Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para hablar sobre los pilares que deben apoyar la transformación de los cuidados y sobre los retos de la ‘Estrategia estatal de desinstitucionalización’.
El Ministerio de Derechos Sociales lidera un cambio de modelo para los cuidados de larga duración, a través del desarrollo de una estrategia de desinstitucionalización ¿Qué impacto se prevé que pueda tener esta iniciativa?
En este momento destacaría dos impactos. Por un lado, concienciación y exigencia social sobre la necesidad y urgencia de mejorar los sistemas de apoyo a las personas y a sus familias y, por otro, claridad y consenso respecto a la hoja de ruta que nos oriente hacia unos cuidados de larga duración accesibles, asequibles y de alta calidad para toda la población que los requiera.
Es compartida la opinión de que la pandemia provocada por el COVID-19 generó un “despertar social” respecto a las carencias de los modelos de cuidados tanto en nuestro país como en Europa. Evidenció la necesidad de aumentar la inversión pública en este ámbito, tal y como este Gobierno ha hecho, y de transitar hacia un modelo más personalizado y de base comunitaria.
La ‘Estrategia estatal de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad’ recoge esa “indignación social” para pasar del diagnóstico a las propuestas. Está ya abriendo un amplio espacio de participación, reflexión y consenso sobre cómo debemos avanzar. Diseñando la hoja de ruta que nos pueda acercar a modelos de cuidados coherentes y respetuosos con los proyectos de vida de las personas, tanto de las que cuidan, como de las que son cuidadas.
Esta estrategia marca un horizonte, el año 2030, con planes operativos que se irán evaluando y actualizando cada dos años. Será fundamental que en este itinerario contemos con voluntad política y con procesos de aprendizaje que nos permitan avanzar a buen ritmo y en la dirección correcta.
¿Cuáles deberían ser los pilares en los que se debe apoyar la transformación de los cuidados en nuestro país?
Los pilares de esta estrategia se asientan en un marco de derechos humanos, principalmente, en el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, como bien sabéis en Plena inclusión, reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a que las personas sean incluidas en la comunidad, asegurando que tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y que no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
La estrategia se centra en la idea de “una buena vida en la comunidad”. Necesitamos llenar de sentido esta frase. Hacerla realidad implica fomentar e invertir en “apoyos de proximidad” y “centrados en las personas”. Éstos serían los dos pilares centrales.
En primer lugar, la atención comunitaria y de proximidad debe ser una prioridad. Lo cual supone reorientar las inversiones y el foco de atención en el despliegue y la mejora de los servicios y apoyos de base comunitaria, como la atención domiciliaria, la asistencia personal, el acceso a vivienda con apoyos y cualquier otro tipo de recurso que contribuya a la vida independiente y en la comunidad.
El segundo pilar es la personalización, como modelo de intervención, pero también como principio orientador de los sistemas de planificación y evaluación. Es necesario implementar un giro decidido para que sean los proyectos de vida de las personas y de sus familias los que orienten los sistemas de apoyo y cuidados, y no al revés.
Por último, creo que es preciso entender que estos pilares requieren de procesos de tránsito seguros para las personas y para las organizaciones. El tránsito de un modelo asistencial e institucionalizador a otro comunitario y de proximidad no puede ser un salto al vacío. Requiere de medidas preventivas que aseguren que vivir en la comunidad es vivir mejor para todas las personas.
¿El Gobierno de España está contando con la sociedad civil, a través de las organizaciones que representan a colectivos en especial riesgo de exclusión social, para desarrollar este nuevo modelo. ¿Qué pueden aportar estas organizaciones en este proceso de transformación?
Desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales somos conscientes de que esta estrategia viene a impulsar un cambio cultural. Una transformación que requiere de muchos y diversos agentes remando juntos en una misma dirección.
Quiero señalar que, en muchos casos, han sido las organizaciones de la sociedad civil las que se han embarcado hace años en este viaje. Organizaciones como Plena inclusión que, con mucho esfuerzo, son precursoras en la facilitación de buenas vidas en la comunidad.
Por lo tanto, no se trata de que aporten, sino de que tengan un papel especialmente relevante en el proceso. Desde mi punto de vista, el reto en este momento es que no sólo se trata de avanzar, sino de hacerlo juntos y juntas. En este sentido, el rol de las administraciones públicas, a todos los niveles, es ser parte de este camino, desde un firme compromiso político que ayude a facilitar esos caminos precursores.
Se trata de avanzar asegurando procesos de transferencia de los aprendizajes a políticas públicas transformadoras. Políticas que contribuyan a una mayor y mejor escalabilidad y sostenibilidad de las nuevas soluciones comunitarias, especialmente de aquellas que evidencien mejores resultados tanto en la vida de las personas que necesitan apoyos, como en la de las que los prestan.
La transferencia de la gestión de los servicios sociales a las comunidades autónomas ¿podría suponer un escollo al desarrollo de estas políticas de desinstitucionalización? ¿Qué retos plantea este modelo de transferencia de competencias?
Cualquier proceso de transformación como el que se plantea en esta estrategia requiere que se tenga en cuenta la diversidad territorial como un valor. De hecho, el enfoque comunitario y de proximidad de esta estrategia hacen que los ámbitos locales y autonómicos tengan especial relevancia. No sólo porque son quienes tienen la competencia para desarrollar estas mejoras, sino porque también tienen el conocimiento y la experiencia de lo que en cada caso es positivo y posible.
Evidentemente hay cuestiones que requieren de una visión coral y compartida por todas las comunidades autónomas. La convicción de que este proceso de transformación para mejorar los cuidados de larga duración es necesario y urgente y que, por tanto, debe estar en todas las agendas políticas como prioridad de la próxima década.
Esta estrategia ofrecerá un marco común para esos procesos, unos esenciales compartidos que sean garantes de derechos, una batería de medidas transformadoras que podrían acelerar resultados, un sistema de seguimiento con indicadores que nos permita entender cómo estamos avanzando y una hoja de ruta que posibilitará transitar los caminos desde realidades diversas, como son, por ejemplo, la rural y la urbana.
¿Qué importancia, en su opinión, adquieren la investigación y la aplicación de metodologías de innovación social para que esta propuesta de cambio cale en la sociedad?
Desde nuestro punto de vista invertir en procesos de innovación social e investigación es la mejor combinación para el diseño de mejores políticas públicas. Es la fórmula que se articuló en nuestro componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, realizando una inversión histórica de más de 150 millones en innovación social e investigación para el cambio de modelo del sistema de cuidados de larga duración.
Quiero destacar dos medidas complementarias y conectadas con esta estrategia que estamos implementando en la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Por un lado, la “Plataforma de innovación social VIDAS: Vías Innovadoras para la Desinstitucionalización a través de los Aprendizajes en Sociedad” que coordina y dinamiza los veinte proyectos piloto en desinstitucionalización, entre los que está el proyecto Mi Casa de Plena inclusión. Estos veinte proyectos siguen una lógica de innovación social que pretende no sólo experimentar con soluciones innovadoras a problemas comunes complejos, sino además generar un proceso de aprendizaje, demostrando cómo funcionan nuevas políticas en la práctica.
La “Plataforma VIDAS” genera un espacio donde las 136 organizaciones participantes en los proyectos piloto comparten objetivos, prioridades comunes, metodologías, retos, aprendizajes y sistemas de evaluación, se moviliza la creatividad de los distintos actores y se promueven las conexiones entre ellos, multiplicando las posibilidades de aprendizaje y de generación de soluciones novedosas.
Por otro lado, el “Estudio EDI: procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios” con la Universidad Carlos III. Con este estudio se pretende obtener evidencias rigurosas, comprensivas y actualizadas sobre los procesos de desinstitucionalización y las claves para avanzar en el desarrollo de alternativas de vida elegida en la comunidad, de forma que faciliten la toma decisiones informada para afrontar cambios en los sistemas de apoyos a las personas afectadas por los procesos de institucionalización.
Ambas líneas, la innovación social y la investigación, serán fuente de conocimiento transferible a la Estrategia Estatal de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad.