Revista digital del movimiento asociativo Plena inclusión

Especial sobre empleo

Número 475. Noviembre de 2022

Derecho a trabajar

Vicky Moreno, en su puesto de trabajo como funcionaria pública.
Vicky Moreno, en su puesto de trabajo como funcionaria pública.

«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo». El artículo 35 de la Constitución de 1978 señalaba con nitidez un marco legal que debería cumplirse para la mayoría de la ciudadanía de este país. Sin embargo, el paro golpea hoy en día a una parte significativa de la población y en especial, a las personas con discapacidad intelectual, sin que los poderes públicos reaccionen como debieran ante esta injusticia.

“Creemos en las posibilidades y los talentos de todas las personas porque todas y cada una de ellas tiene una capacidad para el empleo y el derecho de ejercerla. Lo que se necesita es proveer los apoyos y generar las opciones para que las oportunidades de empleo existan”, apunta Silvia Muñoz, responsable del programa de Empleo inclusivo de Plena inclusión España.

Las dificultades con las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual que quieren acceder a una plaza de funcionario o funcionaria, es un magnífico ejemplo que ilustra la carrera de obstáculos que miles de mujeres y hombres se ven obligados a emprender si quieren aprobar una oposición para conseguir una plaza de empleo público.

El paro alcanza a más de un 80% de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

Aunque desde 2011, en España la ley obliga a que todas las administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones) reserven un 2 por ciento de sus plazas para personas con discapacidad, la realidad es que solo han alcanzado el sueño de la seguridad laboral apenas 2000. ¡En toda una década!

Y esta cifra resulta todavía más sangrante si la comparamos con los 2.717.570 trabajadores públicos, que son los que, según datos publicados en enero de 2022 por el Ministerio de Función Pública, hoy ocupan una plaza vitalicia en administraciones estatales, autonómicas o locales.

¿Están incumpliendo las administraciones públicas la ley que ellas mismas promulgaron? Parece que algunas sí y otras no. Mientras que la Administración General del Estado, según fuentes especializadas ñconsultadas por VOCES, respeta la subcuota del 2%, no tenemos constancia de que suceda lo mismo en todas las administraciones autonómicas y, sobre todo, en las locales. ¿Cuántos ayuntamientos de España tienen a alguna persona con discapacidad intelectual en su plantilla? Esta es una pregunta a la que no tenemos respuesta puesto que no existe un registro centralizado sobre este tema.

De los 2.717.570 empleados públicos que hay en España, apenas 2000 son personas con discapacidad intelectual.

Ahora que se cumple una década del primer examen-oposición al que tuvieron acceso las personas con discapacidad, se aprecia que los avances conseguidos se han alcanzado gracias a su reivindicación a la del movimiento asociativo que las apoya.

Recuperando los testimonios de 2012, podemos entender el hito histórico que supuso esa primera prueba celebrada en la Universidad Complutense de Madrid. Eduardo, uno de los convocados, logró una nota de 8,8 en uno de los exámenes. Él fue uno de las 1.614 aspiranters para las 54 plazas disponibles. Miles de personas con discapacidad estudiaron y se prepararon a fondo durante meses. De hecho, aprobaron aunque no consiguieron plaza 8 de cada 10 aspirantes. Otro dato concluyente sobre el compromiso y el nivel de preeparación de las personas aspirantes fue que la nota media se situó en un notable alto.

Mucho más que un dato

Pero sigamos hablando de la dura realidad laboral de 2022. Las cifras que hemos extraído del Instituto Nacional de Estadística sobre el empleo de las personas con discapacidad intelectual en España deben hacernos pensar:

  • En España, solo 1 de cada 4 personas con discapacidad accede al derecho constitucional de disfrutar de un empleo.
  • O, por decirlo de un modo más crudo, más del 80 por ciento de las personas con discapacidad intelectual están desempleadas. Y este dato habla de lo lejos que se halla la plena inclusión social para este grupo humano. Porque el 80% de las personas sin discapacidad sí tienen un trabajo, justo la cifra inversa a las de las personas con discapacidad.
  • De las más de 63.000 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, solo trabaja un 4 por ciento.
  • Las personas con discapacidad cobran un 18 por ciento, de media, menos que las personas sin discapacidad.

Plena inclusión España lanza, el 3 de diciembre que es el Día Internacional de la Discapacidad, una campaña que tiene por eslogan #MuchoMásQueUnDato. Su propósito es el de sensibilizar a la sociedad, en general, y en particular a las administraciones públicas y empresas que tienen en su mano revertir esta situación injusta.

Encarna Alcántara es una mujer extremeña con discapacidad intelectual que hace poco tiempo que trabaja. «Yo tengo suerte», dice, «pero la mayoría de mis amigos y amigas no tienen trabajo». Hay un drama humano detrás de cada dato estadístico. «Hablamos de cómo una sociedad que dice querer la plena inclusión, se siente incapaz de arbitrar medidas que promuevan un impulso real al empleo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo», denuncia Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

José L. Corretjé

Plena inclusión España
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