La vida en las aulas ya bulle como cada septiembre. El nuevo curso ya está en marcha y, hablando de educación inclusiva, las preguntas se repiten:
- ¿Se ha avanzado en la generalización de una educación inclusiva en todos los colegios?
- ¿La nueva Ley de Educación se está cumpliendo? Eso supondría que se está dotando con fondos públicos suficientes la formación del profesorado en educación inclusiva y la contratación de personal suficiente. Y también, que se facilita a los centros el dinero para su adaptación al alumando con Necesidades Educativas Especiales.
Otras muchas incógnitas están en el aire. Y lo peor es que el tiempo sigue pasando y que el futuro de miles de jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo, depende de que la educación inclusiva se transforme en una realidad presente en todos los centros escolares.
«La educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todo el alumnado, ofreciendo una educación de calidad con equidad». Así expresa Enrique Galván, director de Plena inclusión España, la importancia que adquiere para los Gobiernos tomarse en serio la extensión de una educación que incluya y enriquezca con la experiencia de compartir la misma aula, a estudiantes con y sin discapacidad.
Educación 2030
Este es justo el enfoque que aborda el documento que Plena inclusión presentará en un seminario onlineen este otoño, que se titula ‘Educación 2030: viaje hacia la inclusión’ que se presentará en un seminario online el próximo 28 de octubre.
En este valioso trabajo de reflexión y prospectiva han participado personas expertas en pedagogía y organización escolar. La coordinación ha estado a cargo de Ana Luisa López-Vález, Antonio Amor González y MariLuz Fernández-Blázquez.
Es un trabajo muy completo en el que se aportan propuestas para garantizar «una escuela para todos y todas, no centrada en competencias curriculares sino en el apoyo al desarrollo de cada proyecto singular de la vida de cada estudiante en su contexto».
Aquí se defiende que cada niño o niña asista a un centro en su barrio, en su entorno comunitario, en el que reciba todos los apoyos necesarios para un aprendizaje respetuoso con sus necesidades.
Una ley por desarrollar
En el texto de la ‘Ley Celáa’, la nueva ley de educación, se contempla el desarrollo total de la educación inclusiva. De hecho el Gobierno decidió dotar a las políticas educativas de las comunidades autónomas con un total de 1.185 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia. Su destino es: la digitalización de los centros de enseñanza, los programas de refuerzo educativo y las Unidades de Acompañamiento y Orientación.
En España estudian 34.000 niños y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo, de los 221.792 que en 2021 tenían necesidades educativas especiales (según datos del Ministerio de Educación).
El 80% lo hace en centros ordinarios, pero todavía queda mucho camino por recorrer respecto a la garantía de este derecho para todo el alumnado y, sobre todo, en cuanto a la calidad con el que se presta.
La teoría y la práctica
En ‘Educación 2030’ se afirma que «a nivel educativo, el cambio pasa por superar concepciones centradas en el déficit. Y, más adelante, se señalan las barreras que impiden alcanzar una educación verdaderamente inclusiva y que tienen que ver con la distorsión que se produce entre tres planos:
- La cultura escolar: valores, creencias y valores del centro.
- Las políticas del centro: estructura organizativa, planificación, normas y acciones.
- Las prácticas cotidianas, en el día a día, que vinculan al profesorado con el alumnado.
Las aulas son la ‘fábrica’ privilegiada del progreso.
La escuela debe ser, para todo el alumnado, un entorno seguro que promueva la socialización, el aprendizaje y el desarrollo personal. Este es el horizonte que propone la educación inclusiva.