El Congreso Estatal de Plena inclusión, celebrado en Valencia a finales de mayo, trajo entre sus novedades una nueva presidenta para la Confederación. La Junta Directiva eligió a Carmen Laucirica, hasta ese momento presidenta de Plena Canarias y del CERMI isleño, para dirigir Plena inclusión España en los próximos cuatro años. Laucirica, nacida en Guernika en 1953, se convierte en la primera mujer en pilotar este movimiento de familias y personas con discapacidad intelectual en sus 58 años de historia. A su experiencia contrastada en la dirección de organizaciones hay que añadir el valor vital de ser madre y hermana de dos personas con discapacidad intelectual.
¿Cuáles cree que son los valores diferenciales que aporta Plena inclusión a una sociedad en crisis como la española? Somos un movimiento fundado por familias que han luchado durante décadas para mejorar la calidad de vida de sus seres queridos, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Nos distingue la valentía y el entusiasmo. Hay que reconocer que en este tiempo se han conseguido muchos logros. Se ha visto una clara evolución de nuestra sociedad en el respeto a la diversidad y a la inclusión de la discapacidad. Pero este cambio no hubiera sido igual si no hubiéramos estado unidos en la defensa y la reivindicación de derechos fundamentales para las personas con discapacidad intelectual. Valentía, entusiasmo y fortaleza en la unidad son tres señas de identidad de Plena inclusión.
¿Qué le ha llevado a aceptar la responsabilidad de ser presidenta de una confederación tan grande, en un periodo de tantos cambios? En mi vida no me han asustado nunca los retos. Mucho más si van ligados a causas justas. He vivido como madre y hermana de personas con discapacidad la importancia de conseguir para ellas vidas elegidas, no vidas impuestas. El momento actual me parece muy ilusionante. Llevamos años logrando cambios legislativos y estructurales que nos hacen caminar en la dirección de logros que hace bien poco parecían inimaginables. Desarrollar proyectos de vida en comunidad y desinstitucionalización, como es el de ‘Mi Casa’; o potenciar el papel de las personas con discapacidad en foros de decisión asociativa, creo que son desafíos ilusionantes. No me los quiero perder.
¿Qué papel deben asumir las familias? Nunca han dejado de tener un rol central en la vida de nuestro movimiento asociativo. Y así debe seguir pasando. Las familias fuimos las pioneras, las que nos atrevimos a dar un paso adelante, hace 58 años, por los derechos de personas que parecían invisibles a los ojos de la mayoría de la sociedad española. En un momento de incertidumbre y cambios muy importantes, las familias seguiremos aprendiendo e implicándonos en la vida de Plena inclusión. Ahora, más que nunca, de la mano de las personas con discapacidad intelectual y de los profesionales de las entidades. Compartimos objetivos y sabemos que defendemos vidas preciosas.
Usted es madre de un joven con grandes necesidades de apoyo. ¿Cómo afrontar el reto de tenerles presentes en el día a día de Plena inclusión? Afortunadamente, cada vez somos más conscientes de que no podemos dejar a nadie atrás. Mucho menos a quienes necesitan más apoyos. Desde el proyecto ‘Todos somos todas’ hemos señalado una serie de irrenunciables respecto a la mejora de la calidad de vida y la autodeterminación de las personas con más necesidades de apoyo. Y así seguiremos.
En los últimos años se han producido cambios legislativos muy importantes que han mejorado el acceso a derechos fundamentales de las personas con discapacidad. ¿Qué queda por hacer en ese ámbito? La Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en el año 2008, puso el listón muy arriba respecto a una larga lista de derechos, algunos de los cuáles no están todavía reconocidos en nuestro país. Hemos avanzado en el reconocimiento de derechos como el del voto, la accesibilidad universal, los apoyos respecto a la capacitación judicial o la prohibición de la esterilización forzada. Pero todavía hay que profundizar en la extensión de la educación y el empleo inclusivo, o en figuras tan centrales como es la de la asistencia personal o la persona facilitadora para asegurar un acceso igual a la justicia. Desde Plena inclusión, tenemos que seguir haciendo incidencia en quienes toman las decisiones legislativas, políticas y económicas en este país.
Precisamente, hablando de decisiones importantes ¿cree que desde las administraciones públicas se debe mejorar el sostenimiento económico del movimiento asociativo? Somos un gran colectivo: 950 asociaciones que apoyan a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo mediante 4.000 centros y servicios en los que trabajan 46.000 profesionales. Esta labor supone un enorme esfuerzo económico que debe tener el respaldo de las administraciones estatal y autonómica. En una etapa tan crítica como la actual, nos vemos en la responsabilidad de reclamar un mayor compromiso en la cofinanciación de los centros y servicios. Solo de ese modo se garantizará la atención a un grupo humano especialmente vulnerable. Y estoy segura de que los gobiernos van a entender que así debe ser.
