Charlamos con la responsable del Área Jurídica de Plena inclusión Castilla y León.
Tú conoces muy bien el ámbito penitenciario en relación con las personas con discapacidad intelectual. ¿Todavía es una realidad desconocida? Sí. De hecho, es curioso que la propia institución penitenciaria no conoce muchas veces la existencia de personas con discapacidad intelectual. Hemos empezado a trabajar en un programa de Empleo Personalizado y hemos constatado que todavía hay departamentos que desconocen la realidad de las personas presas con discapacidad intelectual. Es un porcentaje de población pequeño pero muy vulnerable. Su fragilidad se incrementa cuando ni siquiera se sabe que la persona tiene discapacidad.
Plena inclusión se ha empeñado en potenciar la incidencia política para generar cambios legislativos que impidan la vulneración de su derecho a un acceso igual a la justicia. ¿Cómo has visto esta evolución? Hay que valorar el trabajo que se ha hecho desde la oficina específica sobre discapacidad del Defensor del Pueblo, que entra en las cárceles sin avisar para realizar informes. El otro aspecto de avance reside en la mayor atención que se pone en la participación de las personas con discapacidad intelectual en programas de rehabilitación dentro de las prisiones, adaptados, que aborden la violencia de género, las drogodependencias, etc.
En tu opinión, ¿qué valor crees que adquiere la figura de la persona facilitadora? Yo creo que puede dar un giro radical a la situación actual. Al existir un facilitador, la Policía va a poder reclamar un apoyo en casos en los que haya personas con discapacidad intelectual implicadas; o que acudan a un juicio acompañadas para que reciban apoyos ante un abogado, o las preguntas de un fiscal, juez o cualquier otro operador jurídico. Así se podrá contar con recursos adaptados a cada situación. Entiendo que ha sido un éxito haber conseguido que la figura del facilitador aparezca reflejada en la ley 8/21.
Plena inclusión lleva años invirtiendo esfuerzos en la formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los operadores jurídicos en relación con la discapacidad intelectual. ¿Qué frutos se recogen de esta acción? El elemento que más está generando cambios, desde la formación a estos agentes, es la inclusión de personas con discapacidad expertas por experiencia. Cuando los operadores jurídicos ponen cara a esta realidad, cambia su actitud. También dentro de las prisiones.
José L. Corretjé
