Revista digital del movimiento asociativo Plena inclusión

Especial sobre Justicia y persona facilitadora

Número 471. Junio de 2022

Superar la brecha ética

Enrique Galván, director de Plena inclusión España
Enrique Galván, director de Plena inclusión España

Hace más de 35 años un grupo de personas de FEAPS (la denominación anterior de Plena inclusión) vieron la necesidad de identificar y atender a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que se encontraban en las cárceles españolas. Entonces, a estas personas se les llamaba “subnormales”. Aquellas eran situaciones terribles de exclusión y desamparo que removieron conciencias y que dieron origen al Programa de Apoyo a las personas reclusas y exreclusas con discapacidad intelectual. Este programa, liderado por Plena inclusión, subsiste y sigue siendo necesario, también en la sociedad del siglo XXI, algo que nos debería hacer reflexionar.

Hoy se habla a menudo de la brecha digital como un elemento de primer orden que genera exclusión social. Pero la brecha en el acceso a la justicia no se considera socialmente desde la gravedad que supone para una sociedad avanzada y desde el gran impacto que supone para las personas. El informe ‘A cada lado’, elaborado en 2020 por Plena inclusión, arroja datos duros que hablan de un sistema insensible e incapaz, que genera situaciones de indefensión en las personas que pasan por él y que fracasa en su función de reinserción. El estudio señala niveles muy altos de reincidencia, en las personas con discapacidad intelectual respecto a los registrados de media con el resto de la población; su imposibilidad de acceso a los tratamientos porque no son accesibles; o la incapacidad del sistema de detectar la discapacidad intelectual durante todo el proceso en un porcentaje muy elevado de ocasiones. También nos llama la atención la insensibilidad de la sociedad frente a esta realidad.

Acceso igualitario a la Justicia

El artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, insta a los gobiernos a avanzar en el acceso igualitario a la Justicia. Y hoy vivimos, por fortuna, cambios revolucionarios en la concepción y reconocimiento de todas las personas desde su capacidad jurídica en la toma de decisiones, siempre y cuando cuenten con los apoyos necesarios. Queremos creer que se ha producido un despertar y un reencuentro con una parte de la población que ha vivido toda su vida desposeída de su condición de ciudadanía. Con estas reformas, en mi opinión, se ”descosifica” a las personas y se asume la necesaria construcción de un nuevo sistema que garantice los apoyos y adaptaciones necesarias. La sustitución ya no es posible, y solo en algunos casos la representación es mayor. Pero incluso en esas situaciones es necesaria una interpretación vital de los deseos y del estilo de vida de la persona con grandes necesidades de apoyo. Desterramos conceptos como el de “incapaz”, que venía definiendo a muchas personas. En la práctica, estas eran llevadas y traídas sin el necesario respeto a sus decisiones, deseos y a sus derechos civiles.

Humanizar es exactamente lo que proponemos desde Plena inclusión, pues como dice El filósofo José María Esquirol en su libro ‘La penúltima bondad’, “solo puede ser inhumana la humanidad”. Por ello, se vislumbra un paso de gigante con este avance contra la inhumanidad, del que hablaba también Alfredo Fierro, primer director de Siglo Cero. Asumimos como sociedad que nuestro sistema es opresivo y no plenamente democrático para un grupo importante de la ciudadanía. Digo que se vislumbra un avance, pues la justicia no es la ley, sino la aplicación concreta de la misma en la vida de las personas. Se trata más bien de una obra humana que depende de la acción coral de todas las personas que intervienen en ella y a la que ahora hay que sumar nuevos modelos de hacer, metodologías, tecnologías y nuevos roles profesionales, como la del facilitador.

Somos conscientes de que este es el inicio de un camino complejo en el que se precisa un fuerte liderazgo transformador de los poderes públicos que generen las políticas, estrategias y recursos para asegurar los avances en los que todos los grupos de interés con los que debemos que estar comprometidos. Rafael Armesto, miembro de la Red de Juristas de Plena inclusión, ya nos alertaba en el reciente Congreso Estatal ‘Gananos en Comunidad’, celebrado en Valencia, del peligro que supone que la cultura dominante se meriende la reforma y que, al final, no se produzca un cambio real.

Estamos ante una oportunidad histórica y compleja que de tener éxito y esta será una verdadera política palanca que arrastrará mejoras en ámbitos tan relevantes como: la vida independiente, la educación, el trabajo, el acceso a la salud, etcétera. Estoy seguro de que estos cambios que afrontamos han sido posibles gracias aquellas personas que entraron en la prisión para liberar, dar luz y promover la justicia. «Prosigamos», que significa seguir o continuar algo que se está haciendo.

Enrique Galván

Director de Plena inclusión España
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