Revista digital del movimiento asociativo Plena inclusión

Especial sobre Justicia y persona facilitadora

Número 471. Junio de 2022

La facilitación ayuda a superar barreras que impiden que las personas con discapacidad sean juzgadas como el resto

Laura y Soraya, protagonistas de este reportaje
Laura y Soraya, protagonistas de este reportaje

“El derecho de acceso a la justicia es esencial para la protección de los derechos humanos”. Esta frase, recogida por Juan Endara en ‘La facilitación en el acceso a la justicia’, reciente informe de Plena inclusión España, enfatiza la urgencia de que el sistema judicial español integre un buen número de ajustes de procedimiento que den garantías sobre un acceso a la justicia en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

“La ley 8/21 da carta de naturaleza a la designación y petición de un facilitador por parte de personas con discapacidad”, recuerda Inés de Araoz, responsable del área Jurídica de Plena inclusión España. Se trata de un enorme paso dado gracias a la reforma de leyes civiles y procesales para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En este logro se ha empleado a fondo, desde la incidencia política, el movimiento asociativo que apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y en particular Líber (anteriormente conocida como AEFT).

EMPATÍA Y CONFIANZA

Los beneficios que aporta esta figura son inmediatos y se recogen en el citado estudio de Plena inclusión. «La presencia en los juicios
de la persona facilitadora genera confianza tanto en la persona con discapacidad como en el resto de los operadores jurídicos: jueces, fiscales, profesionales de la abogacía, etcétera», aseguraba Juan Endara en un seminario organizado para compartir este trabajo.

Plena inclusión La Rioja es una federación con gran experiencia en el apoyo, desde la facilitación, a víctimas con discapacidad intelectual en proceso judiciales. Soraya Arnedo, responsable del proyecto riojano de Acceso a la Justicia, recuerda “la enorme vulnerabilidad de las personas con discapacidad en los casos en los que hemos intervenido”.

Laura Meroño es una persona experta por experiencia respecto a los beneficios que genera la actuación de un equipo de facilitación. “Estaba muy mal. Por eso agradecí que me acompañaran a declarar a la policía y al forense”. Laura denunció a su agresor y pudo contar con los apoyos necesarios que también tuvieron otras amigas suyas que testificaron en una vista por violencia de género. “Tratamos de explicar a Laura el papel de cada uno de los operadores jurídicos y acompañarla en todo momento”, recuerda Soraya. La federación riojana interviene desde 2015 en el ámbito penal. Y lo hace en 30 casos de media al año, un número muy elevado para el volumen de causas que pasan por el Juzgado de aquella jurisdicción.

«Si su implantación se hace de una forma adecuada, será un figura de éxito», puntualiza Avelina Alía, fiscal adscrita a la Fiscal de Sala de protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores. Quien añade: «Y para lograrlo se requiere que garantice la suficiencia e idoneidad de los profesionales que han de contribuir a tan importante tarea».

José L. Corretjé

Plena inclusión España
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