Revista digital del movimiento asociativo Plena inclusión

Especial sobre Trastorno del Espectro del Autismo o TEA

Número 468. Febrero de 2022

Javier Luengo: “El facilitador permite el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual”

Javier Luengo
Javier Luengo

Plena Inclusión Madrid está en conversación con la comunidad autónoma para trabajar en la implementación de personas facilitadores para que puedan apoyar a personas con discapacidad intelectual en procesos judiciales. Javier Luengo, director general de la federación madrileña, explica la relevancia de este proyecto.

 ¿Plena Inclusión Madrid está impulsando acciones para favorecer la presencia de facilitadores en procesos judiciales? Si, así es. Para nosotros se trata de un papel fundamental que permite a las personas ejercer el derecho fundamental de acceso a la justicia. Cualquier persona que haya tenido que hacer un trámite ante la Administración de Justicia, ante un juez o un tribunal, sabe que son procesos en los que el entorno y las circunstancias son muchas veces complicados. En el caso de una persona con discapacidad intelectual, contar con otra persona que le sirva de apoyo para entender todo el proceso y lo que está ocurriendo es vital.

Llevamos tiempo trabajando en esta línea y conocemos por nuestra experiencia que muchas personas con discapacidad que se han visto inmersas en procesos judiciales hubieran tenido un resultado distinto de haber contado con este apoyo. Ahora estamos en conversaciones con la Comunidad de Madrid para trabajar en la implementación de este perfil profesional que sirva de apoyo a las personas con discapacidad intelectual en procesos judiciales sean víctimas o acusadas.

¿Cuál es la labor concreta de una persona facilitadora? Esta figura tiene la labor de explicar, adaptar y acompañar a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo para que comprenda sus derechos y cualquier comunicación que ocurra durante todo el procedimiento judicial. Además, debe estar en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad, abogados, fiscales y jueces para que la persona a la que apoya cuente con todas las garantías procesales.

En definitiva, se trata de profesionales especializados y neutrales con la preparación necesaria para evaluar, diseñar, asesorar y ofrecer tanto a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, tengan o no la discapacidad oficialmente reconocida, como a los profesionales del ámbito de la justicia implicados en el proceso judicial, los apoyos adecuados y necesarios para que las personas ejerzan su derecho a la justicia en igualdad de condiciones con los demás

Hay que tener en cuenta que también son un apoyo importante para los profesionales de la justicia a quienes también se les facilita la labor.

Esta figura da cumplimiento también a la Convención de Naciones Unidas. El informe ‘Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad’, de 202º, habla de la necesidad de “prestar asistencia en materia de comunicación a las partes de los procesos y al sistema de justicia a fin de determinar si se necesitan ajustes y apoyos, y cuáles son los ajustes de apoyo adecuados, así como para prestar asistencia en la comunicación a lo largo del proceso”.

¿De qué modo participa Plena inclusión Madrid en este proyecto? Plena Inclusión Madrid y la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid mantienen una relación estable de trabajo y confianza que está permitiendo mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Contamos con un convenio en vigor que incorpora actuaciones en la etapa de prevención, en la de intervención y en la de reinserción. En esta primera etapa estamos colaborando en acciones de formación dirigidas a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, en la adaptación y validación de documentación de interés a la metodología de lectura fácil o en la evaluación cognitiva de espacios construidos como son los juzgados. Parece que en un primer momento se va a centrar en la adaptación a lectura fácil de todas las comunicaciones que tienen que conocer en sedes policiales o judiciales, lo cual ya supone un importante avance.

En este sentido conviene recordar el buen trabajo que viene realizando Plena Inclusión España y sus federaciones en la elaboración de guías y diferentes materiales en lectura fácil tanto para ámbito policial como judicial. Sobre las tareas concretas de la persona facilitadora a este respecto, me centraría en destacar que su criterio es el que debe marcar las adaptaciones a realizar teniendo muy presente el principio de necesidad y proporcionalidad. Cada procedimiento ha de ser un traje a medida para la persona apoyada. No debemos caer en el error de querer adaptar toda la documentación a lectura fácil ya que podríamos estar contribuyendo a alargar, más si cabe, cada uno de los procedimientos. Por último, no debemos olvidar que en ocasiones será necesario el uso de sistemas de comunicación aumentativos y alternativos para personas con grandes necesidades de apoyo.

¿Cómo se va a garantizar la formación necesaria de los facilitadores? Para Plena Inclusión Madrid la formación y la sensibilización es fundamental a la hora de implementar nuevas acciones. Por eso, el pasado año ya colaboramos con la Universidad Autónoma de Madrid y el Ministerio del Interior en el diseño y ejecución de una formación básica en facilitación de apoyos para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. El objetivo era que el alumnado adquiriese unas competencias profesionales mínimas para ejercer con garantía el rol de persona facilitadora. En este momento, estamos diseñando la formación de una segunda edición que incluirá mejoras teóricas y prácticas y que contará con la participación de los principales actores que intervienen en un proceso policial o judicial: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, abogados, fiscales y jueces. Además, estarán la administración regional y las entidades del movimiento asociativo.

Es cierto que quedan retos pendientes. Por ejemplo, es fundamental que haya consenso y se definan a nivel nacional, cuanto antes, las unidades de competencia de la cualificación profesional de la persona facilitadora para así homologarla y acreditarla oficialmente.

Esta propuesta, pionera en España, ¿va a significar que la Comunidad de Madrid asuma la presencia la persona facilitadora en todos los procesos judiciales? Estamos iniciando los trabajos, y hablando y construyendo conjuntamente para analizar la mejor manera de alcanzar esta cuestión, por lo que es pronto para avanzar algunas cuestiones demasiado concretas. Vamos a seguir construyendo y viendo, no es el momento de generar una expectativa o establecer plazos. Lo ideal, conforme a la reciente reforma del código civil, sería que se pudiese aplicar a cualquier procedimiento civil, penal o contencioso administrativo. Somos ambiciosos en este sentido, pero también prudentes. Vamos poco a poco, analizando los pasos, con lo positivo y lo negativo para que la aplicación futura sea mejor.

Redacción Voces

Equipo de comunicación de Plena inclusión España
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