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Capacidad jurídica y tutela

Una de las principales barreras que se encuentran muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para disfrutar de su plena ciudadanía es la imposibilidad de actuar jurídicamente, ya que muchas de ellas sufren procesos de modificación de la capacidad jurídica. En muchos casos, estos procesos -que suelen iniciarse por parte de sus familias con el fin de proteger su futuro patrimonio-, terminan coartando derechos tan fundamentales como el del sufragio activo. En estos momentos hay 100.000 personas en España que no pueden votar por esta causa.

Plena inclusión apuesta por un modelo que sustituya la actual modificación de la capacidad legal, por sistemas de apoyo a la toma de decisiones que ya están implantados en otros países de nuestro entorno. Mediante este sistema, la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo es apoyada por personas cercanas de su entorno en decisiones de tipo legal o patrimonial, y tiene la última palabra sobre las mismas. Estas personas no son tutores legales y la persona conserva toda su capacidad legal. Algo que la propia Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad

El actual sistema de modificación de la capacidad legal establece el régimen de tutela, que se establece como un deber ejercido siempre en beneficio del tutelado, y bajo la supervisión de la autoridad judicial. La regulación jurídica de la tutela está recogida en el artículo 222 y siguientes del Código Civil español. Salvo evidencia en contra, los padres y familiares deben ser considerados los primeros llamados a ejercer la patria potestad o la tutela, por su relación y vínculo con la persona tutelada. No obstante existen casos en que la persona se encuentra en situación de desamparo familiar o social. Entonces es cuando intervienen las Fundaciones Tutelares.