La familia es el principal soporte para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por ello, Plena inclusión considera que se deben tener en cuenta medidas que faciliten la conciliación familiar, laboral y personal de sus integrantes.
Por ello, creemos que es necesario:
- Impulsar la adopción de medidas de acción positiva que permitan conciliar la vida personal, familiar y laboral en aquellas familias que tengan en su seno personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
- Elaborar un estudio amplio e integral sobre las demandas, necesidades sociales, apoyos y recursos para la inclusión y el bienestar de las familias que tienen en su seno a personas con discapacidad, que permita confeccionar nuevas políticas y estrategias públicas, de acuerdo con el Plan De Apoyo a Familias (2015-2017) en estrecha colaboración con las organizaciones representativas.
- Mantener y desarrollar programas de respiro familiar, en colaboración con entidades sociales, a fin de ofrecer apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, favoreciendo su permanencia en el domicilio familiar, de acuerdo con el Plan de Apoyo a Familias (2015-2017).
- Impulsar programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y competencias adecuadas en los padres y madres para el ejercicio de sus responsabilidades de cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como la promoción de un entorno que favorezca y potencie dicho ejercicio (Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2014-2020).
Este documento fue aprobado por la Junta Directiva de Plena inclusión España el 11 de diciembre de 2015.
Este posicionamiento forma parte del «Documento Marco de Incidencia Política y Social de Plena inclusión». Este documento propone una serie de medidas de incidencia política y social con el fin de promover el cumplimiento por parte del Estado Español de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
Nuestro Gobierno, como firmante de esta Convención (en vigor desde el 3 de mayo de 2008) está obligado a adaptar la legislación española a esta norma, y colaborar activamente con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que les representan en la elaboración y aplicación de políticas que hagan efectiva la Convención.