El proyecto para la inclusión social: “Pilotaje de Empleo personalizado” impulsado por la Confederación Plena inclusión España en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se enmarcó en el componente 23, inversión 7 «Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos Next Generation.
El Ingreso Mínimo Vital, establecido en mayo de 2020 en España, es una política de renta mínima que tiene como objetivo garantizar unos mínimos ingresos a los colectivos vulnerables y proporcionar vías que fomenten su integración sociolaboral. En el marco de esta política, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) impulsa el Laboratorio de Políticas de Inclusión, una estrategia para el fomento de la inclusión mediante proyectos piloto de innovación social. Estos proyectos se evaluaron conforme a los estándares de rigor científico y usando la metodología de ensayos aleatorizados (Randomized Control Trials, en inglés). El “Proyecto para la Inclusión Social: Pilotaje de Empleo Personalizado,” fue llevado a cabo en cooperación entre el MISSM, Confederación Plena inclusión España, diferentes Entidades del Tercer Sector de Acción Social pertenecientes a Plena Inclusión y el Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL), de la Universidad de Valencia.
El objetivo de este proyecto fue analizar la eficacia de la metodología de Empleo personalizado, aplicándolo a un grupo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo para compararlo con otro grupo del mismo colectivo al que no se le aplicó.
A través de un enfoque experimental con ensayo controlado aleatorizado, se distribuyeron al azar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a los tratamientos control y experimental. En el tratamiento control, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo seguían con su vida habitual, que incluía actividades de empleo. En el tratamiento experimental, las personas se involucraron en un programa de implementación de empleo personalizado. La evaluación midió el impacto en tres ámbitos en base a unos indicadores definidos bajo el paradigma de la teoría del cambio: el empleo, la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
El proyecto tuvo lugar en doce comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Principado de Asturias y región de Murcia) y en una ciudad autónoma (Ceuta). Participaron 512 personas.
