Según los últimos datos disponibles, se calcula que hay cerca de 240.0001 personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo en nuestro país, que cuentan con limitaciones muy significativas en su funcionamiento intelectual. Estas personas tienen dificultades en la comprensión en muchas de las esferas de sus vidas, así como de los contextos sociales y, además, en un 10% de los casos, conviven con otros tipos de discapacidades o limitaciones (sensoriales, físicas, condiciones médicas de salud y/o salud mental). Estas características hacen que sean enormemente dependientes de su entorno y sus apoyos para funcionar en su vida diaria y la necesidad de apoyo intenso y prolongado limita sus opciones a la hora de recibir servicios.
A raíz del cambio de paradigma promovido en las últimas dos décadas desde el marco científico que establece que la persona puede progresar si cuenta con los apoyos adecuados, y al avance en el logro de derechos, nos encontramos en un momento de exigencia con nuestro sistema en el que debemos crear condiciones que posibiliten que las personas con discapacidad intelectual cuentan con alternativas de vida y apoyos ajustados a sus metas y expectativas. Estamos comprometidos, según los Tratados de Naciones Unidas que hemos firmado, la Agencia Europea
de Derechos Fundamentales (FRA) y las Directrices Comunes Europeas para la transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria, a generar alternativas y oportunidades que permitan
a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y necesidades complejas, acceder a los mismos recursos y ejercer los mismos derechos que el resto de la población.
