Este documento titulado, ‘El derecho a la salud de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el marco de la crisis sanitaria creada por el COVID-19’, alerta de la discriminación sufrida por personas con discapacidad y personas mayores en el acceso a los servicios sanitarios.
Plena inclusión toma la siniciativa de publicarlo ante el conocimiento de algunos casos sucedidos en Unidades de Cuidados Intensivo (UCIs) donde los criterios de acceso a estos recursos han marcado condiciones que impiden a estas personas ser atendidas como el resto.
Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena inclusión España y coautora del documento: “Comprendemos la necesidad de establecer criterios de acceso en este marco de recursos escasos, pero estos no pueden basarse en una discriminación”.
Citando a la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, Araoz aclara que desde la argumentación jurídica, “en el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos humanos, no caben excepciones. La vida de la persona con discapacidad tiene el mismo valor que todas las demás vidas”.