Un proyecto de Plena inclusión Asturias evidencia que los fallos judiciales también pueden ser accesibles para personas con discapacidad intelectual

El Cermi es la Plataforma de organizaciones de la discapacidad en España.
Los próximos días 15, 16 y 17 de noviembre, el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad
organiza en Elche el primer Congreso Nacional de derecho de la Discapacidad.

Este encuentro reunirá a más de 200 personas de toda España
relacionadas con la discapacidad y la justicia.

Este encuentro va a incluir una ponencia de Plena inclusión Asturias
sobre un proyecto para que las sentencias de los jueces
sean más fáciles de entender.

Ana Montes y Aida Álvarez, responsables de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión Asturias,
contarán este proyecto impulsado por esta federación.
con la colaboración del Tribunal de Justicia de Asturias,
los Juzgados de Familia de Oviedo,
y la Dirección General de Justicia de Asturias.

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El ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’ incluirá entre sus múltiples mesas redondas y ponencias una exposición de un proyecto impulsado por Plena inclusión Asturias, cuyo objetivo es adaptar los fallos judiciales a lectura fácil que afectan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de forma que puedan comprender de manera autónoma el contenido de las sentencias.

Ana Montes y Aida Álvarez, responsables de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión Asturias, serán las encargadas de exponer ante más de 200 profesionales relacionados con el ámbito jurídico y de la discapacidad las claves de este caso de éxito, desarrollado en colaboración con el Tribunal de Justicia de Asturias y los Juzgados de Familia de Oviedo, con el apoyo de la Dirección General de Justicia del Principado.

Por el momento, dos personas se encargan de realizar la adaptación del fallo de las sentencias judiciales relacionados con procesos de incapacitación. Posteriormente, un grupo de validadores, que son personas con discapacidad intelectual, evalúan la accesibilidad cognitiva del texto adaptado, y una vez que se da el visto bueno se envía junto a la sentencia original a la persona afectada. La iniciativa se lleva a cabo con el apoyo del Principado de Asturias, que saca a concurso la contratación de este servicio.

Al margen del lenguaje, la adaptación puede incluir simbología. Por ejemplo, si la sentencia aborda la privación del derecho al voto por razón de discapacidad, se puede incluir el dibujo de una urna.

La gerente de Plena inclusión Asturias, Casilda Sabín, explica que por el momento sólo se está haciendo con fallos sobre procesos de incapacitación, “aunque esperamos que se pueda ir extendiendo a todos los ámbitos en los que se vea involucrada una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

“Ahora, gracias a esta iniciativa, que por supuesto hemos compartido con Plena inclusión España para que se ponga en marcha en otras comunidades autónomas, las personas con discapacidad intelectual pueden conocer los motivos por los que son incapacitadas y no dejan de ser ellas en primera persona quienes acceden a la información. Estar incapacitado en algunos asuntos no tiene que ser sinónimo de no poder estar empoderado y tomar decisiones”, asevera Casilda Sabín.

Asimismo, hace hincapié en que en ocasiones puede parecer complejo acceder al mundo de la judicatura, pero sí que es posible haciendo pedagogía. “Nosotros no queremos modificar nada de lo que los jueces dictaminan, sino que adaptamos el lenguaje. Es algo que si se hiciera más frecuentemente facilitaría que personas con deterioro cognitivo, dificultades para leer o con bajo conocimiento del castellano pudieran comprender sin tantas dificultades las sentencias”, zanja esta experta.

A  falta de un mes para la celebración del ‘I Congreso Nacional de derecho de la Discapacidad’, organizado por el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad, que se celebrará en Elche (Alicante) entre el 15 y el 17 de noviembre, ya hay más de 150 personas inscritas en el encuentro. Las previsiones de la organización estiman que se superarán los 200 participantes procedentes de distintos lugares de España, así como de diferentes sectores relacionados con la discapacidad y con el ámbito jurídico.

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