Plena inclusión, la asociación Liber
y el Instituto de Derechos Humanos
‘Gregorio Peces-Barba’
de la Universidad Carlos III de Madrid
han compartido los 42 indicadores
sobre la aplicación de la Ley 8/2021.
Estos indicadores analizan el grado de
cumplimiento de la jurisprudencia
que aplica al contenido de la norma
sobre sistemas de apoyo en el
ejercicio de la capacidad jurídica.
La presentación se ha realizado
en un seminario online al que
han asistido 120 personas,
muchas de las cuales eran
familiares de personas con
discapacidad intelectual.
651 resoluciones analizadas
El equipo de investigación
ha analizado 651 sentencias judiciales
apoyado en los 42 indicadores
que hablan de:
- Buenas prácticas
- Malas práctica
- Ilegalidades
Publicación
Este es uno de los trabajos
del Observatorio de jurisprudencia
sobre sistemas de apoyo
al ejercicio de la capacidad jurídica.
En este Observatorio participan
investigadores e investigadoras
de 10 universidades españolas.
«La ley ampara que personas con discapacidad puedan tomar las riendas de su propia vida»
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.
Por su parte, Inés de Araoz
que es la coordinadora del Área Jurídica
de Plena inclusión España, ha explicado
el objetivo del trabajo que se presentaba.
De Araoz ha subrayado que
hay que evitar las malas prácticas
como que desde los Juzgados
se aplique una curatela representativa
sólo porque la persona tenga
un certificado de discapacidad.
También ha intervenido Rafael de Asís,
de la Universidad Carlos III de Madrid.
«El trabajo de este Observatorio debe ser conocido por todas las partes implicadas cómo se aplica una norma que nos incumbe a todos»
Rafael de Asís, Universidad Carlos III de Madrid.
Este Observatorio tiene como objetivo
que se aplique la Ley 8/2021
de acuerdo a la Convención de la ONU sobre Derechos
de las personas con Discapacidad
y desde un enfoque de derechos humanos.
«Los hallazgos de este informe del Observatorio de la Jurisprudencia nos deben llevar a la acción porque todavía queda mucho por hacer».
Luis Gonzaga, presidente de la asociación Liber
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