Plena inclusín España se une
a las reivindicaciones de
Plen inclusión Andalucía y Aragón.
Estas han pedido a sus
Gobiernos autonómicos
que les ayuden apoyándoles con
fondos económicos porque
sus asociaciones están en una
situación económica muy difícil.
Plena inclusión España
han pedido al Gobierno
de Pedro Sánchez
que dedique parte del dinero
del Plan de Choque
sobre Dependencia
a cubrir los sobrecostes
que ha provocado la pandemia.
4.000 centros y servicios de
Plena inclusión que hay por
todo el país han tenido que
gastar mucho dinero durante
la crisis sanitaria para asegurar
la prevención en residencias,
colegios y centros de día.
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La mayor confederación estatal que defiende los derechos de 140.000 personas con discapacidad y sus familias reclama la llegada de fondos del Plan de Choque del SAAS
Plena inclusión lanza un SOS sobre la sostenibilidad de las asociaciones de la discapacidad intelectual o del desarrollo
- Andalucía y Aragón han pedido a sus respectivos Gobiernos autonómicos que apoyen una labor social esencial
- Gran parte de las 935 entidades que forman parte de Plena inclusión pasan por momentos difíciles tras asumir elevados sobrecostes durante la pandemia
Madrid, 9 de junio de 2021.- Plena inclusión España se une a las reivindicaciones de gran parte de sus 935 asociaciones miembro. Desde diferentes puntos del país se reclama a las administraciones públicas apoyo para el sostenimiento de sus 4.000 centros y servicios que atienden a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
En concreto, las federaciones de Plena inclusión Aragón y Andalucía se han dirigido a sus respectivos Gobiernos autonómicos para solicitar fondos que garanticen una sostenibilidad económica de servicios esenciales como centros de día, residenciales, educativos, especiales de empleo, etc., que ofrecen apoyos fundamentales a miles de personas y sus familias.
En el caso de Plena inclusión Aragón, las 40 entidades que la conforman demandan al Gobierno regional 900.000 euros como compensación a los sobrecostes asumidos durante la emergencia sanitaria para financiar medidas de prevención ante la pandemia. A ellos que hay sumar 500.000 más dejados de percibir por las plazas en reserva, y otros 700.000 € por los atrasos en la aplicación de la subida de los conciertos de las plazas. En total, 2,1 millones de euros.
Plena inclusión Andalucía denuncia junto al CERMI regional, que une a todas las organizaciones de la discapacidad, una infrafinanciación endémica del sistema de apoyo a la dependencia. La federación andaluza reivindica ante la Junta una revisión de los costes que garantice la sostenibilidad de las organizaciones prestadoras de servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la comunidad. Por su parte, Plena inclusión España quiere destacar la labor de sus organizaciones y espera que las administraciones autonómicas ofrezcan una respuesta satisfactoria a la justa reclamación del movimiento asociativo de la discapacidad.
¿DÓNDE ESTÁ EL PLAN DE CHOQUE?
“Esta situación no se da solo en Aragón o Andalucía”, ha denunciado Santiago López, presidente de Plena inclusión España. “En todo el país, nuestras organizaciones han elevado la voz para visibilizar una situación crítica, respecto a la sostenibilidad de su actividad, que sufren muchas de ellas”, explica López.
Plena inclusión reclama al Ministerio de Derechos Sociales que acuda al rescate del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Dow, autismo y parálisis cerebral). También exige al Ejecutivo que inste a las comunidades autónomas, en el marco del Consejo interterritorial, para que atiendan las demandas de sus asociaciones, al tiempo que pide que se facilite una memoria de impacto del citado Plena de Choque respecto del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD). “Creemos que el Plan de Choque, anunciado por el Gobierno de Sánchez al inicio de este año debe sostener a quienes estamos en primera línea de la acción solidaria”, recuerda el presidente de Plena inclusión. Hay que recordar el entonces vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 20230, Pablo Iglesias, anunció en enero una partida de 600 millones de euros, acordada con los agentes sociales, que iría destinada a reforzar el SAAD.