Proyecto Response: mujeres con discapacidad y prevención de la violencia de género

Plena inclusión participa
en el Proyecto Response,
una iniciativa de siete
organizaciones europeas
apoyadas por la Unión Europea.

El informe sobre el Estado del Arte
del Proyecto Response tiene como objetivo
responder a tres preguntas principales de investigación:

• ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género?
• ¿Cuáles son las herramientas disponibles para los profesionales que los apoyan?
• ¿Cuáles son las respuestas institucionales existentes y las buenas prácticas destinadas a mejorar el apoyo a las mujeres con discapacidad?

Este estudio se basa en una encuesta que involucró a 270 participantes, entre mujeres con discapacidad, proveedores de servicios para personas con discapacidad y proveedores de servicios generales (principalmente de los sectores de salud, asistencia social y judicial que a menudo trabajan con mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia). La encuesta se distribuyó en 6 países participantes en el proyecto: Francia, Hungría, Lituania, Polonia, Portugal y España.

Los datos confirman la prevalencia de la violencia de género (VG) contra las mujeres con discapacidad: 8 de cada 10 mujeres con discapacidad que participaron en el estudio han sido víctimas de VG. Ante la traumática experiencia, muchas eligen permanecer en silencio o hablar solo tras un largo período de tiempo. Las que han roto el silencio relataron principalmente experiencias negativas sobre cómo fueron apoyadas después de la agresión.

La estudio también ha mostrado que a menudo no hay seguimiento ni apoyo adecuado para las víctimas después de denunciar la agresión, incluso cuando el incidente se denuncia a la policía.

Además de los servicios de apoyo inadecuados, hay una falta de información y de medios de acción. Por ejemplo, ninguna de las encuestadas mencionó el número de emergencia 112.

Sin embargo, el apoyo a las víctimas va más allá de las barreras y dificultades que conlleva el apoyo institucional y de los proveedores de servicios. En cuanto al apoyo personal que reciben, que en su mayoría es brindado por cuidadores o familiares, la mayoría de las encuestadas expresó satisfacción.

En el otro lado se encuentran los profesionales tanto de las entidades prestadoras de servicios para personas con discapacidad como del resto de servicios de atención a víctimas. Todos ellos enfrentan desafíos comunes, especialmente cuando se trata de brindar apoyo adecuado a las víctimas y reconocer la violencia que enfrentan.

En primer lugar, las dificultades para apoyar a las víctimas se deben principalmente a la formación insuficiente sobre cómo ayudar a las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género, la inaccesibilidad de los servicios y recursos específicos, la falta de cooperación entre los proveedores de servicios para personas con discapacidad y los servicios generales, así como los largos procedimientos legales.

En segundo lugar, los profesionales también se enfrentan con obstáculos relacionados con la falta de reconocimiento de la VG, tanto por parte de la víctima como de su entorno institucional o personal. Por ejemplo, en algunos casos, la víctima lucha por reconocer el trato abusivo e inaceptable que recibe. También se evidencia la ‘invisibilización’ de la violencia por parte del entorno personal e institucional de la víctima.

Con estos desafíos, los grupos objetivo del estudio también hicieron sugerencias de mejora. Se hizo énfasis en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y en la necesidad de una mejor formación, recursos y sensibilización, así como acciones institucionales que puedan ser realizadas e implementadas por profesionales.

En última instancia, este informe es una contribución al estudio e investigación de estos temas, sirviendo de base para producir un Manual de Capacitación y Sensibilización, y recomendaciones de políticas. El objetivo final es mejorar las condiciones de atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, y apoyar la calidad del trabajo tanto de los proveedores de servicios para personas con discapacidad, como de los proveedores de servicios generales.