Plena inclusión y AEFT aplauden la intención del Gobierno de respetar la voluntad de las personas con discapacidad intelectual en la toma de sus decisiones

  • Plena inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) valoran la intención mostrada por la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, de garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, respetando su voluntad y preferencias a la hora de tomar decisiones.
  • En línea con este anuncio, desde el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual apremiamos al Gobierno a acelerar la reforma de la LOREG para asegurar el derecho al voto de los 100.000 ciudadanos y ciudadanas españolas que actualmente no pueden ejercerlo por tener modificada jurídicamente su capacidad.

La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer su intención de "adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo necesario en el ejercicio de su capacidad jurídica", respetando su voluntad y preferencias a la hora de tomar decisiones.

En este sentido, Plena inclusión y AEFT solicitan que se tengan en cuenta sus propuestas para acometer la reforma urgente del Código Civil, con el fin de  eliminar la situación de inseguridad jurídica que existe al obligar a las juezas y jueces a elegir entre este Código y la Convención Internacional de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, textos legales que no son compatibles en materia de discapacidad y derechos. Estas propuestas fueron remitidas al anterior Ejecutivo en la consulta pública para la modificación del Código Civil y la Ley Procesal con el fin de adaptarlos a la citada Convención, que España ratificó hace 10 años (ver nota enlazada).

Entre estas propuestas se destaca la necesidad de compatibilizar la plena capacidad de este colectivo, con un modelo de apoyos ajustados a las necesidades de cada persona. Teniendo en cuenta la voluntad y preferencias de estas, como vienen haciendo desde hace años las entidades tutelares que asumen el Modelo de Tutela de la AEFT. Asimismo, se recomienda establecer un sistema de salvaguardas que aseguren que la persona recibe los apoyos que realmente necesita y que estos se revisen de manera periódica, entre otras muchas medidas, que también contemplan la obligación de preservar los derechos personalísimos, como por ejemplo el derecho a voto, una situación que esperan se resuelva con la mayor celeridad mediante la reforma de la LOREG, que se aprobó por unanimidad parlamentaria el pasado mes de noviembre. 

Como ya vienen haciendo hasta ahora, Plena inclusión y AEFT se ponen a disposición de los poderes públicos y jurídicos en la consecución de este compromiso en el marco del acceso a la Justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Plena inclusión y AEFT llevan años trabajando en un proyecto específico de Acceso a la Justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, centrado –entre otras cosas- en generar apoyos a la toma de decisiones de estas personas. Es estos momentos, un grupo de trabajo compuesto por personas con discapacidad intelectual, familias, abogados, miembros del Comité de Ética de Plena inclusión, personas voluntarias tutelares, dirigentes y personas de apoyo, está preparando una Guía sobre este ámbito que permitirá aplicar los principios del artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (relativo a la toma de decisiones con apoyo), a la realidad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

 Junto a ello, en el ámbito internacional, Plena inclusión y AEFT colaboran con otras 7 organizaciones de cinco países en el proyecto IDEA 12, financiado por la Comisión Europea. En este proyecto están generando un marco de referencia con materiales, recursos y experiencias prácticas que servirán para sensibilizar y formar a distintos agentes públicos y jurídicos en estas implicaciones del artículo 12. Todo ello a través de grupos de formadores inclusivos, en los que participarán personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

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