- La Ley admite el concierto social como una figura alternativa al contrato público para las organizaciones sociales, lo que supone un hito histórico para las organizaciones de Plena inclusión. Regula además que los centros especiales de empleo de iniciativa social tengan reservado hasta un 10% de contratos públicos.
El Gobierno publicó ayer en el BOE la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE y tendrá una gran trascendencia en el ámbito de los servicios sociales y de la atención a personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, entre ellas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Desde 2013, Plena inclusión, sus federaciones autonómicas y su patronal AEDIS han tenido diversos contactos con grupos políticos y con el Gobierno con el fin de reivindicar que la figura del concierto social fuera contemplada en la legislación. Con este fin presentamos en septiembre de 2016 en la sede del Parlamento Europeo en Madrid el “Estudio Tercer Sector y Provisión de Servicios”, que muestra las principales prácticas europeas en materia de contratación y concertación de servicios por parte de entidades sociales.
Finalmente la nueva Ley ha aceptado el concierto social como una modalidad no contractual de gestión de servicios sociales públicos por parte de las entidades del Tercer Sector. Plena inclusión destaca el papel decisivo que han tenido sus federaciones autonómicas en la incidencia para este logro.
Sonia Castro, gerente de Plena inclusión Illes Balears, entidad pionera en esta reivindicación, ha afirmado: “hemos demostrado que la fuerza de todos logra grandes pasos. Este reconocimiento de que se pueden financiar los servicios sociales a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo por otras vías distintas a la contratación pública supone un avance no sólo para la viabilidad de las entidades sino para la estabilidad de las personas. Tenemos una normativa que a nivel estatal reconoce lo que era una realidad y estaba reconocido por el propio derecho europeo, y deja claro que el concierto social es una figura legal. Y ya no habrá dudas en el ámbito de las Comunidades Autónomas, a las que concede la posibilidad de establecer aquellos mecanismos más adecuados para financiar estos conciertos sin necesidad de ir a contratación”.
En el mismo sentido, Pablo González, director de Gorabide –miembro de FEVAS Plena inclusión Euskadi–, afirma que “esta Ley constituye una buena noticia porque, literalmente, señala que los poderes públicos tienen libertad para organizar los que se conocen como servicios a las personas, de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, y permite a las Comunidades Autónomas legislar articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social. Esto posibilitará el desarrollo de servicios de apoyo a personas al margen de la contratación y contribuirá a asegurar la supervivencia de un modelo de colaboración entre administraciones y asociaciones que ha resultado exitoso en la configuración de los actuales servicios sociales”.
Además de la medida de los conciertos sociales, la Ley recoge otro aspecto importante para las entidades de la discapacidad: ya que reconoce legalmente por primera vez a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y les otorga en exclusiva una reserva de hasta el 10% del total de volumen de contratación pública.
En este sentido, el presidente de AEDIS, Bernabé Blanco, se ha referido a esta medida como “una demanda básica, histórica y justa de los centros especiales de empleo (CEE) de nuestro movimiento asociativo”, cuya inclusión en la Ley supone “una gran noticia que va a contribuir, sin duda, a generar más posibilidades de empleo para las personas con discapacidad intelectual". Precisamente hace dos días, AEDIS ha presentado en Valladolid su estudio ”La adjudicación de contratos reservados a centros especiales de empleo”, en la que el vicepresidente de Plena inclusión, Juan Pérez, destacó la idoneidad de esta nueva norma para el Tercer Sector, afirmando que los contratos reservados a los Centros Especiales de Empleo son la mejor fórmula para facilitar en empleo de las personas con discapacidad, ya que en la actualidad “3 de cada 4 contratos de personas con discapacidad se hacen en CEE”.