Plena inclusión saluda los avances del plan gubernamental de atención a la Dependencia y le anima a mejorarlo

Plena inclusión España ha criticado
que todavía hay mucha protección
en la elección de vida de las personas
con discapacidad intelectual
o del desarrollo.

Además, Plena inclusión ha valorado:

– La regulación del asistente personal.

– La revisión económicas
a personas usuarias.

– Atención de las personas tanto
en residencias como en sus casas.

Lo que falta:

Plena inclusión echa en falta
un catálogo de servicios
para permitir una vida más independiente
para estas personas.

Garantizar las plazas en las residencias
ya que muchas personas
están en lista de espera.

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– La confederación critica que la atención a la dependencia pública siga teniendo un carácter asistencialista y que se olvide de promover la autonomía y potenciar la elección de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Plena inclusión España, la confederación que agrupa a 935 asociaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, valora los avances que representa el Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia presentado (SAAD) por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y consensuado, la semana pasada, con interlocutores sociales y comunidades autónomas.

“Este acuerdo contiene elementos muy positivos para todas las personas en situación de dependencia y supone un avance para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, reconoce Santiago López, presidente de Plena inclusión España. Asimismo, la organización subraya que las medidas recogen parte de las reivindicaciones expuestas por Plena inclusión en su estudio ‘Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD)’ presentado en un seminario el pasado día 30 de octubre de 2020 como son:

– La regulación en 2021 de la figura del asistente personal que Plena inclusión considera fundamental si el SAAD quiere cumplir con su finalidad de promover la autonomía personal.

– La revisión de las aportaciones económicas de las personas usuarias y la intención de proponer unos criterios comunes que se puedan comenzar a aplicar en 2022. Concretamente, el compromiso de estudiar el mínimo exento en los copagos con objeto de aproximarlo progresivamente al umbral del 60% de la renta mediana (considerado el umbral por debajo del cual se está en pobreza relativa).

– La capacitación del personal en el modelo de atención centrada en la persona tanto en servicios residenciales como domiciliarios ya que desde Plena inclusión consideramos imprescindible partir de modelos de atención centrados en la persona que tienen que ver con una forma deatender, cuidar y apoyar dirigidas a ofrecer oportunidades de buena vida a cada persona.

LO QUE FALTA:

En opinión de Plena inclusión se echa en falta que el catálogo de servicios y prestaciones del SAAD se reoriente hacia servicios muchos más flexibles que posibiliten una vida lo más independiente posible, en la comunidad. La confederación critica que el SAAD siga siendo asistencialista y que se olvide de promover que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo elijan sus proyectos de vida con autonomía e independencia.

Para Plena inclusión este Plan de choque debe servir para exigir a las CCAA que se revisen los precios que se abonan a las entidades sociales que gestionan plazas del sistema. La confederación indica que estos precios están muy por debajo de los costes necesarios para garantizar un servicio de calidad, situación que se ha agravado de forma exponencial durante la crisis sanitaria. El SAAD que cubre a 1,1 millones de personas, ha sufrido un retroceso los últimos meses de pandemia,  en los que se han perdido 3.391 beneficiarios. Hay además unas 390.000 personas en listas de espera.

El acuerdo alcanzado por el Gobierno y los interlocutores sociales incluye un incremento de la financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado de al menos 600 millones de euros para este año 2021, que incluye una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17,4% y la recuperación del nivel acordado.

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