Plena inclusión reivindica una reforma del sistema de garantía de ingresos que incorpore a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

Plena inclusión pide al Gobierno que las ayuda públicas

tengan en cuentan el sobreesfuerzo económico de las familias

con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Medidas que propone Plena inclusión al Gobierno:

Que se acepte en las ayudas a una unidad independiente a la del grupo familiar.

Aumento significativo de las prestaciones por hijo a cargo

y de la Pensión No Contributiva.

Que se tenga en cuenta a las personas con especiales dificultades para encontrar un empleo.

Subvención del 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional.

Que sea compatible trabajar y recibir ayudas sociales.

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Santiago López, presidente de Plena inclusión España, ha enviado al ministro de Seguridad Social y a la ministra de Trabajo las conclusiones del estudio elaborado por Plena inclusión y Fresno Consulting donde se evidencia la insuficiente cobertura del sistema social para las personas con discapacidad y sus familias. Este desequilibrio en las garantías de ingresos se aprecia especialmente en el caso de las personas con discapacidad intelectual, TEA, parálisis cerebral y otras discapacidades del desarrollo. Desde las federaciones de Plena inclusión se está repitiendo este mismo mensaje a los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas.

López ha tomado esta iniciativa apoyado por las evidencias que recoge un estudio publicado que coincide con la publicación ayer, 30 de enero, de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que este organismo multilateral asegura que “el gasto social en España ayuda poco a las rentas bajas”. Desde Plena inclusión España, su presidente sostiene su petición apoyado en las conclusiones del organismo económico: “El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez debe hacer caso a las recomendaciones del FMI que aconseja una mejor redistribución de las ayudas públicas para lograr que mejoren las condiciones de vida a los colectivos más vulnerables”. 

La confederación que agrupa a 935 asociaciones denuncia una situación injusta: “Históricamente las familias han asumido los costes y el mayor esfuerzo para afrontar sus necesidades cotidianas”. Y es que a menudo se confunden los apoyos para afrontar los obstáculos de la discapacidad con los recursos para sostener una vida digna. Plena inclusión estima que una familia con una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en su seno debe asumir un sobrecoste económico anual que fluctúa entre 24.000 euros y 43.000. A esta dificultad hay que añadir la exclusión sistemática del mercado de trabajo de este colectivo. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo presentan la tasa de actividad más baja del mercado laboral español, con un 31%, y una tasa de desempleo del 37,5. Son datos de la Asociación Empresarial de la Discapacidad (AEDIS) referidos a 2017.

Medidas propuestas por Plena inclusión al Gobierno:

Consideración de una unidad independiente a la del grupo familiar.

Aumento significativo de las prestaciones por hijo a cargo y de la Pensión No Contributiva, y un tratamiento fiscal adaptado.

Medidas de discriminación positiva para las personas con especiales dificultades de empleabilidad.

Subvención salarial del 75% del SMI y compatibilidad de empleo con ayudas sociales.

Derecho al retorno a plazas de servicios sociales por envejecimiento o procesos de deterioro.

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