Plena inclusión reconoce el avance que supone el nuevo baremo de valoración de la discapacidad pero alerta sobre los retos que plantea

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  • Luz verde del Consejo de Ministros a una herramienta a la que Plena inclusión pide más rigor y fiabilidad para detectar discapacidades intelectuales y del desarrollo.
  • Carmen Laucirica: “Este paso adelante para los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo debe llegar apoyado por los medios técnicos, formación a profesionales y dotación económica que garantice su aplicación.

Madrid, 18 de octubre-. Plena inclusión España ha celebrado la aprobación del nuevo baremo de valoración de la discapacidad que sustituye anterior, decretado hace 23 años, y que había sido criticado en numerosas ocasiones por el movimiento asociativo. La confederación que reúne a 950 entidades que apoyan a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, valora la decisión tomada hoy por el Consejo de Ministros, al tiempo que reivindica “más medios técnicos, mayor formación a profesionales y mejor dotación económica para que su aplicación asegure el rigor y la fiabilidad exigibles a los diagnósticos”.

Así lo ha pedido Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, quien ha demandado también “un compromiso del Gobierno central y de los autonómicos que permita agilizar los procesos de valoración y revisión de la discapacidad intelectual y del desarrollo para miles de personas”. “De esta manera se logrará, sin duda, una mayor diligencia en los procesos para mejorar un sistema, muy precario en la actualidad, que provoca retrasos injustificados y esperas dolorosas para las personas y sus familias”, añade Laucirica.

De acuerdo con los datos de la última encuesta del INE sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2020), en España había 4,3 millones de personas con discapacidad reconocida. Las deficiencias detectadas en el baremo aprobado en 1999 exigían desde hace mucho tiempo, a criterio de Plena inclusión, una actualización de la herramienta que asegure un reequilibrio territorial de las cifras, muchas veces incorrectas, de personas con discapacidad intelectual reconocida.

Desde la mayor confederación estatal que representa a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se recuerda la importancia que adquiere contar, por fin, con un sistema de medición fiable, riguroso y accesible que lo que hace es vincular el sistema de protección social con el acceso a derechos ciudadanos básicos.

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