Plena inclusión muestra su satisfacción por el mantenimiento de los programas estatales de acción social, pero recuerda al Gobierno su compromiso con la X Solidaria de las Empresas para asegurar la sostenibilidad de los mismos.
Anteayer se celebró una nueva reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, órgano adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que incluye a los consejeros y consejeras de esta área en todas las comunidades autónomas.
En la reunión –presidida por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y que contó con la presencia de la secretaría de estado de Servicios Sociales Ana Lima y del director general del Imserso Manuel Martínez Domene, y el director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad Jesús Celada–, las responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y el Gobierno se pusieron de acuerdo en el mantenimiento del actual sistema y reparto de gestión de las subvenciones sociales con cargo al IRPF de los y las contribuyentes (la conocida como la X Solidaria). Tras la descentralización de este sistema de gestión en el año 2018, este Consejo alcanzó un acuerdo de reparto en el que el 80% de lo recaudado es gestionado por las Comunidades Autónomas y el 20% se destina a programas estatales de acción social.
Plena inclusión muestra su satisfacción por el mantenimiento y la sostenibilidad de los programas estatales de acción social que desarrolla junto a otras organizaciones del Consejo Estatal de ONG. No obstante recuerda al Gobierno que en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado incluía la “X Solidaria de las Empresas”, es decir, una nueva subvención suplementaria para las entidades estatales del Tercer Sector, cuya recaudación sería similar a la del IRPF, pero basada en el Impuesto de Sociedades que el Gobierno recauda a las empresas.
Con el cambio de Legislatura, el Real Decreto que desarrolla esta nueva subvención y su sistema de gestión ha quedado pendiente de aprobación. Por eso Plena inclusión reclama su puesta en marcha como una garantía de sostenibilidad de los programas estatales del Tercer Sector en España.