Plena inclusión propone transformar el modelo de cuidados para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir incluidas en la comunidad

Imagen de personas en la comunidad

Los responsables de los Servicios Sociales
de todas las Comunidades Autonómicas
han aprobado cambiar
el modelo de residencias,
para hacer residencias más pequeñas,
con más personal
y apoyos más individuales
para todas las personas
que viven en ellas.

A Plena inclusión le parece bien este cambio
aunque quiere que las personas
puedan vivir en la comunidad.
Esto significa que puedan vivir
en pisos o casas
en barrios y pueblos
como las demás personas.

Plena inclusión tiene un proyecto
para que personas con discapacidad
intelectual, TEA y parálisis cerebral
que necesitan mucho apoyo
puedan vivir de forma independiente
y puedan relacionarse con sus vecinos.

Este proyecto se llama
‘Mi Casa: una vida en comunidad’
y está financiado por la Unión Europea
a través de los fondos de recuperación.

En 3 años, ‘Mi Casa’ va a abrir 66 viviendas
en 33 territorios españoles.
En ellas van a vivir 284 personas
con discapacidad intelectual, TEA
y parálisis cerebral.
Estas viviendas están en 7 comunidades:

  • Extremadura.
  • Comunidad de Madrid.
  • Cataluña.
  • Castilla-La Mancha.
  • Aragón.
  • Región de Murcia.
  • Canarias.

Plena inclusión propone transformar el modelo de cuidados para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir incluidas en la comunidad

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Madrid, 29 de junio de 2022.- El Gobierno ha logrado el apoyo mayoritario del Consejo Territorial de Servicios Sociales a su acuerdo de acreditación de centros, que promueve residencias de menor tamaño, con más personal, habitaciones individuales y apoyos más personalizados, para transitar hacia un modelo de cuidados más humanizado y acogedor.

Plena inclusión aplaude esta decisión, y la mejora que supone en la vida de las personas que actualmente viven en macroresidencias y grandes instituciones. No obstante, apuesta por un modelo más ambicioso que pueda promover la transición de entornos residenciales hacia viviendas en la comunidad, en donde las personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral, tengan oportunidades de relacionarse con su vecindario, y acudir a comercios, asociaciones, y lugares de ocio en la comunidad.

Asimismo, recuerda que este acuerdo ha de estar dotado de recursos suficientes, como ya solicitó hace unas semanas Plena inclusión para asegurar la sostenibilidad de sus entidades, y paliar los sobrecostes que están poniendo en riesgo a un sector esencial para la defensa de los derechos recogidos en la Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, como este de acceso a la vida independiente en comunidad (artículo 19).

En este sentido, desde 2018, Plena inclusión desarrolla un proyecto de innovación social denominado ‘Mi Casa: una vida en comunidad’. Este proyecto, con carácter experimental, promoverá un modelo de cuidados en el que las personas realizan esa transición desde residencias a viviendas en vecindarios de pueblos y ciudades, con apoyos individualizados. Sin embargo, no solo busca ese mero traslado, sino acompañarlo de apoyos y relaciones estables en esos barrios para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En este sentido, este modelo desarrolla nuevas figuras como las de “conectores comunitarios”, cuyo papel es trabajar con el entorno cercano a esas viviendas para favorecer esta inclusión.

El proyecto ‘Mi Casa: una vida en comunidad’ forma parte de la estrategia #GanamosEnComunidad, acordada recientemente en el Congreso de Plena inclusión celebrado en Valencia, y cuenta con el apoyo de los Fondos Europeos de Recuperación NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aplicado por el Gobierno. En los próximos 2 años, pondrá en marcha un total de 66 viviendas en la comunidad, en la que 284 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tendrán la oportunidad de vivir en 33 pueblos y barrios de 7 Comunidades Autónomas (Aragón, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Canarias).

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