Plena inclusión pide a las CCAA que no ahorren en dependencia a costa de la subida de las pensiones

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Las personas que reciben
pensiones no contributivas,
en 2023 mantendrán
la mejora de un 15 por ciento
del dinero que recibían.

El Gobierno de España
ha tomado esa decisión
para favorecer, por ejemplo,
a las personas con
discapacidad intelectual
y del desarrollo
y a sus familias
ante el impacto que supone
la subida de los precios
de productos y servicios.

Sin embargo, Plena inclusión
denuncia que esta mejora
puede terminar beneficiando
a las comunidades autónomas
porque son quienes reciben
el copago de estas familias
por los servicios públicos
que benefician a las personas
con discapacidad intelectual.

Por eso, Plena inclusión
pide a las comunidades autónomas
que no incluyan en el copago
el aumento de las pensiones.

Hay que recordar que
las familias de personas
con discapacidad intelectual
y del desarrollo
asumen un sobrecoste
que puede alcanzar
los 45.000 euros al año.

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Plena inclusión pide a las CCAA que no ahorren en dependencia a costa de la subida de las pensiones

Carmen Laucirica: “La compensación que reciben las familias y personas con discapacidad intelectual a través de la subida de sus pensiones no se las pueden quedar las comunidades autónomas; debe ir a las entidades o a los usuarios”.

La confederación pide a las comunidades que repercutan dicho ahorro en mejorar la financiación de las plazas

Madrid, 13 de enero de 2023.- Plena inclusión ha valorado positivamente el intento del Gobierno de España de compensar, a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, el impacto por la subida del coste de la vida, manteniendo la subida de un 15% en las pensiones no contributivas que perciben desde julio. Se trata de un incremento que puede terminar suponiendo un ahorro significativo para las comunidades autónomas en lugar de cumplir con el objetivo de aliviar el impacto de la subida de los precios.

En la actualidad, el sistema de dependencia establece que las personas con discapacidad que asisten a residencias y unidades de día deben realizar aportaciones a sus comunidades autónomas que van del 25% al 75% de sus pensiones, a través del mecanismo de copago de servicios públicos. Esta fórmula implica que si se incrementa la pensión al usuario, este debe pagar más y la comunidad autónoma menos.

Por esta razón, desde Plena inclusión España se demanda a las CCAA, ante la actual situación de crisis económica, que no repercuta en el copago el incremento aprobado para las pensiones ya que, además de las no contributivas, también se han subido las contributivas y las de orfandad en un 8’5%. Por ello, las unidades familiares que tienen que afrontar el sobrecoste que representa contribuir con un porcentaje a los servicios públicos disfrutados por las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, Autismo o parálisis cerebral), no perciben el alivio que se pretende con la subida de las pensiones no contributivas, y las entidades sociales que los prestan tampoco.

Plena inclusión, junto al CERMI, lleva tiempo alertando sobre el fenómeno denominado “copago confiscatorio” que merma el poder adquisitivo de las familias de personas con discapacidad que lo soportan. De hecho, CERMI y Plena inclusión presentaron en 2017, con el respaldo de más de 100.000 firmas, una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados que todavía no se ha plasmado en una deseable reforma.

De acuerdo con los últimos informes de Plena inclusión, confederación que agrupa a 950 asociaciones de todo el país que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, el sobresfuerzo económico de estas familias se concreta en un gasto anual extra de entre 35.000 y 45.000 euros. Y dicha cantidad se incrementa aún más en el caso de las familias que sostienen a personas con grandes necesidades de apoyo.

COMPENSACIÓN INSUFICIENTE

Para la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica: “La compensación que reciben las familias y personas con discapacidad intelectual a través de la subida de sus pensiones no contributivas no se la deben quedar las comunidades autónomas, sino que debería beneficiar a las entidades que les apoyan, a los usuarios o a sus familias”. “Al mismo tiempo”, sostiene Laucirica, “exigimos que desaparezca la obligación de copago para personas en situación de vulnerabilidad ya que las opciones de supervivencia diaria se complican enormemente”.

Según los últimos datos del Imserso, en 2022 en España había 41.432 pensiones no contributivas correspondientes a personas con discapacidad psíquica, lo que supone el 47,13% del total. Hay que recordar que, en su mayor parte, dichas pensiones no alcanzan los 500 euros mensuales.

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