Plena inclusión exige un fondo de compensación de la inflación que garantice la continuidad de los servicios sociales para las personas con discapacidad intelectual

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  • El movimiento que agrupa a 950 asociaciones reivindica nuevas partidas que deben contemplar los Presupuestos Generales del Estado.
  • La confederación, que apoya a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, alerta del grave peligro para la supervivencia económica de 4.000 centros y servicios que gestiona y que son garantías de derechos básicos.

Madrid, 5 de octubre-. Ante el anuncio, hecho ayer por el Gobierno en el contexto de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de dotar con una partida de 600 millones de euros para el Plan de Choque en Dependencia, Plena inclusión alerta de la situación de insostenibilidad económica a la que se enfrentan las entidades sociales de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.

“Nuestras asociaciones están sometidas a una presión al alza, generada por precios de energía, transporte, alimentación, etc.; además de verse afectadas por los costes laborales consecuencia de la reforma y la subida del SMI. Esto ha provocado que muchas organizaciones se encuentren en una situación crítica”, ha manifestado Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España. “Y, sin embargo, hasta el momento la propuesta de subida de las ayudas a estas entidades procedentes de las comunidades autónomas está muy por debajo del 10 % de la inflación”, concluye Laucirica.

Trazabilidad de los fondos

Plena inclusión solicita una trazabilidad de los fondos del Plan de Choque en Dependencia, así como conocer el impacto real de esta iniciativa en el colectivo. “Hasta el momento no se perciben mejoras significativas en la eliminación de listas de espera, ni en aumentos de precios para la dignificación del sector”, asegura la presidenta de Plena inclusión España.

Ante esta grave situación, el movimiento asociativo de Plena inclusión insiste en la necesaria la articulación de un fondo extraordinario que compense los sobrecostes soportados a causa del alza de precios que la actual financiación de los servicios sociales que desarrolla no contempla.

 

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