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Plena inclusión, tras una reunión de su Equipo de Sostenibilidad mantenida esta mañana, ha destacado la falta de respuesta de las administraciones públicas ante las graves consecuencias generadas, en la sostenibilidad de las asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, provocadas por la crisis económica.
Desde esta confederación, que reúne a 950 entidades de todo el país, se propone una reforma del tratamiento fiscal de las organizaciones sin ánimo de lucro, además de la elevación de los precios públicos para luchar contra los efectos de la inflación.
“Al tejido asociativo nos corresponde buscar, desde la creatividad y la innovación, medidas alternativas que aseguren el funcionamiento de centros y servicios esenciales de apoyos a miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. Pero a las administraciones públicas les toca medidas urgentes de apoyo a la labor social que realizamos”, ha comentado Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España al finalizar la reunión del Equipo de Sostenibilidad.
De acuerdo con las estimaciones que proceden de un estudio realizado por el Observatorio para la Sostenibilidad de Plena inclusión, se aprecia una tendencia consolidada de aumento en los costes de las prestaciones de servicios esenciales en las entidades que dan apoyo a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de los 4.000 centros y servicios que gestionan a lo largo y ancho de todo el Estado.
El último trabajo desarrollado por Plena inclusión Andalucía revela que el incremento de gastos entre las entidades de aquella comunidad autónoma fue un 12% superior en 2021 que en el año anterior. Entre las consecuencias de este aumento se haya el peso de una inflación desbocada.
Junto a esta medida, Plena inclusión está preparando una batería de iniciativas que garanticen el fortalecimiento y la sostenibilidad de sus 950 asociaciones, mejora de los mecanismos de concertación y eficiencia en la relación con las administraciones autonómicas y estatales que permitan convenir precios públicos más ajustados a una realidad difícil en el marco de una crisis económica cada vez más acuciante.
