Plena inclusión acuerda con Abogacía Española su apoyo a una justicia más inclusiva

Laucirica y Ortega firman el convenio
Laucirica y Ortega firman el convenio

Todavía queda mucho por avanzar
para conseguir que en España
el acceso a la justicia
de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo
sea igual al del resto de la ciudadanía.

Ayer se dio un paso más
en esa dirección gracias
al acuerdo que firmaron
Plena inclusión España
y el Consejo General de la Abogacía.

Ambas organizaciones decidieron
colaborar a partir de ahora
en aumentar los programas de formación
dirigidos a abogados y abogadas
en los que aprendan los ajustes necesarios
para lograr que la justicia sea inclusiva.

Primera firma oficial

La nueva presidenta de Plena inclusión España
se estrenó ayer en un acto oficial de la confederación
como nueva responsable de una organización
que agrupa a 950 asociaciones
y apoya a 150.000 personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Carmen Laucirica firmó junto
a Victoria Ortega un acuerdo
que además significa que
la organización corporativa de
profesionales del Derecho
toman postura en favor
del cumplimiento de aquello que
demanda el Convenio de Naciones Unidas
de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Lee más abajo
la nota de prensa completa
sobre la firma de este convenio.

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Plena inclusión y la Abogacía Española colaboran para facilitar el pleno acceso a la justicia a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

 

  • Uno de sus objetivos es formar sobre el derecho a los ajustes de procedimiento de estas personas y proponer un perfil profesional de la figura del facilitador.

Madrid, 9 de junio de 2022.- El Consejo General de la Abogacía Española y Plena inclusión España han suscrito esta tarde un convenio de colaboración para realizar acciones concretas que promuevan que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan tener un pleno acceso a la justicia.

En el convenio, sin contraprestación económica para ninguna de las partes, se señalan los siguientes ámbitos de actuación en este marco de colaboración:

–           Establecer un posicionamiento estratégico común público sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

–           Aumentar la participación en jornadas formativas y de sensibilización propias de ambas instituciones y elaborar materiales que promuevan un acceso efectivo de estas personas al derecho a la asistencia letrada y al derecho de defensa.

–           Difundir y formar sobre el derecho a los ajustes de procedimiento -adaptaciones para hacerles comprensible todo el proceso- y proponer un perfil profesional de la figura del facilitador de acceso a la justicia, así como promover su habilitación formal mediante un estatuto propio y unos requisitos formativos.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica reconoce que en los procesos que participen estas personas se deben realizar las adaptaciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Entre dichos ajustes reconoce la figura de la persona profesional experta en facilitación.

APOYO A LAS PERSONAS

El movimiento asociativo Plena inclusión lleva más de 25 años prestando apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, tanto en calidad de encausadas como de víctimas, personas que pasan por procesos relacionados con el ejercicio de la capacidad jurídica, etc. En buena parte de estos procesos se aprecia: ausencia de capacitación de los operadores jurídicos para tratar con personas con discapacidad; prejuicios y estereotipos que generan una menor credibilidad del testimonio de las personas con discapacidad uso de un lenguaje técnico y difícil de entender para las personas; y falta de herramientas forenses específicas que tengan en cuenta la situación de la persona con discapacidad.

La constatación de estas situaciones de indefensión llevó a que, desde hace años, profesionales formados en el ámbito de las organizaciones de Plena inclusión comenzasen a acompañar a personas con discapacidad durante los procedimientos judiciales y la figura del facilitador se fuese perfilando.

El convenio, firmado este jueves 9 de junio por la presidenta del Consejo General de la Abogacía y su Fundación, Victoria Ortega, y la presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, es una muestra del consenso social e institucional existente en España para promover los derechos de los sectores sociales más desfavorecidos y su salvaguarda del derecho de defensa.

La Abogacía Española y Plena Inclusión llevan desde 2013 colaborando en acciones formativas en la materia como las Aulas de Derechos Humanos, organizadas por Fundación Abogacía, las cuatro ediciones del Curso de protección jurídica de las personas con discapacidad o diferentes actos de divulgación y sensibilización dirigidos a desarrollar la calidad de vida de este colectivo y promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho.

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