Organizaciones y profesionales que trabajan por las personas con discapacidad intelectual y sus familias derrochan entrega en la crisis del coronavirus

Desde Plena inclusión, movimiento asociativo que agrupa a 935 entidades que trabajan en la atención y defensa de los derechos de 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, TEA y parálisis cerebral y sus familias, se quiere remarcar el enorme valor que en esta situación crítica supone el compromiso y la entrega mostrados por las y las profesionales y el personal voluntario que acompañan desde cientos de asociaciones a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En las últimas horas, las medidas tomadas por las autoridades sanitarias de las diferentes comunidades autónomas frente a la crisis de la pandemia del coronavirus han generado inquietud en miles de familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Desde Plena inclusión España, en línea con lo manifestado por el CERMI respecto a la situación de todo el sector de la discapacidad, se ha traslado al Gobierno del país la necesidad y la urgencia de ciertas medidas vinculadas al mantenimiento de la atención a un grupo poblacional tan importante y vulnerable.

Se traslada a los responsables de las comunidades autónomas la necesidad de garantizar la financiación de los servicios sociales comprometidos con el tercer sector, garantizando su sostenibilidad y el mantenimiento de puestos de trabajo.

Se pide al Gobierno de Pedro Sánchez que incorpore, en las medidas de protección social a familias vulnerables, también a las familias con personas con discapacidad intelectual que tengan necesidad de servicio de apoyo para la atención en su domicilio dado el cierre temporal de los centros en los que se les atendía. Esta demanda conecta plenamente con el espíritu del capítulo II del Real Decreto 7/20202 que se publicó ayer, 12 de marzo.

Asimismo, solicita a las administraciones públicas que mantengan líneas de financiación con las que se asegure la sostenibilidad económica y el interés social de los centros especiales de empleo.

 

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