Nace un observatorio para analizar la reforma de legislación sobre capacidad jurídica

Comisión del aprobación del Congreso
Comisión del aprobación del Congreso

Plena inclusión, la Asociación Española
de Fundaciones Tutelares y la Universidad
Carlos 3 de Madrid se han unido para
lanzar un proyecto muy ilusionante.

La idea es crear un observatorio para
seguir las sentencias judiciales que
salgan que se refieran a casos relacionados
con la reforma de la legislación civil
y procesal que tiene que ver con
capacitación jurídica.

Conocer cómo se aplica la Reforma

La intención de este proyecto es
conocer de primera mano cómo
se está aplicando la reforma de ley
que se aprobó el pasado mes de septiembre.

Esta reforma supone un gran cambio
ya que a partir de ahora se crean
apoyos para las personas
con discapacidad intelectualen
en el ejercicio de su capacidad
jurídica.

Reunir sentencias

Ahora se abre un periodo de especial
importancia a la hora de observar cómo
se está implantando la reforma.

Por esta razón es muy importante
realizar un seguimiento de las
sentencias que emitan
Juzgados y Tribunales para comprobar
cómo se está dando un cambio que
tanto afecta a la vidad de miles
de personas con discapacidad intelectual
y a sus familias.

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Plena inclusión, AEFT y la Universidad Carlos III crean un observatorio para comprobar el impacto en la aplicación de la reforma de la capacidad jurídica de personas con discapacidad

  • Se van a reunir un gran número de sentencias para detectar insuficiencias que pueden dar lugar a exigencias de formación e, incluso, carencias de la legislación que originen nuevas propuestas legislativas

Madrid, 3 de marzo de 2022.- Plena inclusión España, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III acaban de poner en marcha un observatorio para el seguimiento de la jurisprudencia que aplica la reforma civil en materia de capacidad jurídica.

Inés de Araoz, responsable del Área Jurídica de Plena inclusión subraya el avance que se va a lograr gracias a este observatorio: “Se trata de una iniciativa de gran valor ya que nos permitirá conocer de primera mano cómo se está aplicando la reforma legislativa y su impacto legal en la vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.

El 3 de septiembre de 2021 entró en vigor la reforma de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta reforma supone un cambio de paradigma que afecta a uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico, y supone transitar desde un modelo basado en la representación en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo hacia otro modelo para la toma de decisiones en el ejercicio de esta capacidad jurídica desde el respeto hacia la voluntad y preferencias de las personas.

La Ley marca un periodo de 3 años para revisar las situaciones anteriores a la entrada en vigor de la reforma, por lo que se abre ahora un periodo de especial importancia a la hora de observar cuál está siendo el proceso de implantación de la misma. También se hace urgente realizar un seguimiento de la jurisprudencia que vayan emitiendo los Juzgados y Tribunales a todos los niveles para comprobar el grado de ajuste entre esta y la propia norma.

Este motivo ha llevado a Plena inclusión España, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares  (AEFT) y al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que depende de la Universidad Carlos III de Madrid, a poner en marcha un observatorio de jurisprudencia que se encargará de reunir y analizar sentencias dictadas en aplicación de la Ley 8/2021, durante el año 2022, para lo cual se contará con la colaboración de diversos operadores jurídicos.

El análisis de esta aplicación, tanto en lo que se refiere a la transformación y adaptación de las situaciones jurídicas previas a la Ley, cuanto en lo que se refiere a la creación de nuevas situaciones, permitirá extraer parámetros de funcionamiento para los operadores jurídicos, detectar insuficiencias en sus metodologías que pueden dar lugar a exigencias de formación e, incluso, carencias de la legislación que originen nuevas propuestas legislativas.

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