El movimiento asociativo de la discapacidad intelectual lanza un SOS a las administraciones

Proyecto de Plena inclusión Montijo
Proyecto de Plena inclusión Montijo

Un estudio de Plena inclusión,
realizado en 27 entidades
de 11 Comunidades Autónomas
señala preocupantes sobrecostes en los
gastos de personal y suministros.

Desde esta organización que agrupa
a 950 asociaciones que apoyan a más
de 150.000 personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo
se reclama a las administraciones públicas
que se comprometan en garantizar
la sostenibilidad de 4.000 centros y servicios
que realizan una labor de gran valor social.

Por ello, Plena inclusión ha decidido constituir
un observatorio permanente de seguimiento
sobre la sostenibilidad económica
de sus 950 asociaciones.

El estudio realizado
registra gastos de suministros,
alquileres, alimentos y personal,
en asociaciones de tamaño
grande, mediano y pequeño.

El incremento mayor
se da en un 72% (electricidad);
un 40% (transporte);
un 32% (gas); y un 8% (alquileres).

Partida de gastoIncremento del gastos entre marzo de 2021 y marzo de 2022 (*)
Electricidad72%
Gas32%
Diésel calefacción16%
Gasolina/diésel transporte40%
Rutas transporte13%
Alimentación12%
Material de oficina18%
Alquileres8%
(*) El aumento del gasto se debe a la subida de precios y al incremento de la actividad debido a un repunte de la demanda tras la relajación de las medidas de aislamiento que siguieron al confinamiento por la pandemia.

Situación insostenible

Plena inclusión ha enviado una carta
a la ministra de Derechos Sociales
en la que se le pide que refuerce
la financiación del Plan de Choque
del Sistema Nacional
de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Dependencia.

El movimiento asociativo de
la discapacidad intelectual y del desarrollo
recuerda a Ione Bellarra
que por este medio
se apoya presupuestariamente a las CCAA
para que estas puedan actualizar
los precios/plaza de los centros y servicios
que apoyan a decenas de miles de personas
en situación de vulnerabilidad.

El aumento de un 9% anual en sus gastos amenaza la supervivencia de las entidades que apoyan a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

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El aumento de un 9% anual en sus gastos amenaza la supervivencia de las entidades que apoyan a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

  • Un estudio de Plena inclusión, realizado en 27 entidades de 11 CCAA, señala preocupantes sobrecostes en las partidas de personal y suministros
  • El movimiento asociativo de Plena inclusión apoya a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias desde 4.000 centros y servicios en todo el país
  • Desde la confederación se avisa del peligro de cierre de entidades por no poder asumir sobrecostes y no contar con ayudas suficientes

Madrid, 24 de mayo de 2022.- Sostener el apoyo a la población más vulnerable, cada día se convierte en una misión más difícil. Esta es la conclusión que podría extraerse del estudio realizado por Plena inclusión España entre 27 de sus entidades, en 11 Comunidades Autónomas. Esta recopilación de datos señala que en el último año los gastos de las entidades de Plena inclusión se han incrementado en un 9% de media. En un presupuesto medio anual de un millón de euros, esta sobrecarga económica supone asumir 90.000 euros más de gasto, en un contexto general de infrafinanciación de los servicios sociales.

Los datos, recogidos entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022, corresponden a un estudio pormenorizado de las cuentas de las entidades, al que seguirán otros. En el mismo se computan gastos de suministros, alquileres, alimentos y personal, en asociaciones de tamaño grande (más de 200 trabajadores/as), mediano (entre 200 y 50) y pequeño (menos de 50 empleados/as). El incremento se sitúa en un 72% (electricidad); 40% (transporte); 32% (gas); 8% (alquileres). Estas cifras han llevado a Plena inclusión a crear un Observatorio Permanente de Seguimiento sobre la Sostenibilidad Económica de las entidades que conforman la confederación.

Partida de gasto Incremento del gastos entre marzo de 2021 y marzo de 2022 (*)
Electricidad 72%
Gas 32%
Diésel calefacción 16%
Gasolina/diésel transporte 40%
Rutas transporte 13%
Alimentación 12%
Material de oficina 18%
Alquileres 8%

(*) El aumento del gasto se debe a la subida de precios y al incremento de la actividad debido a un repunte de la demanda tras la relajación de las medidas de aislamiento que siguieron al confinamiento por la pandemia.

Hay que recordar que el movimiento asociativo de Plena inclusión, formado por 950 entidades distribuidas por toda la geografía española, sostiene a más de 4.000 centros y servicios: centros de día, pisos tutelados, colegios de educación especial, centros ocupacionales, residencias, centros especiales de empleo, etc. En su conjunto, con una plantilla de más de 46.000 personas, presta apoyos a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, garantizando su acceso a derechos fundamentales como los de educación, empleo, vivienda, salud y ocio, entre otros.

 

SITUACIÓN INSOSTENIBLE

“Las administraciones públicas no pueden permitir que entidades que dan un apoyo fundamental a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad terminen desapareciendo porque no alcanzan a sufragar unos sobrecostes cada vez más altos”, explica Santiago López, presidente de Plena inclusión España, en referencia a la ayuda que presta este movimiento asociativo a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en todo el país.

 

Plena inclusión ha hecho llegar su preocupación a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, enviándole una carta en la que se le pide que refuerce la financiación del Plan de Choque del Sistema Nacional de Promoción de la autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el que se apoya presupuestariamente a las CCAA para que estas puedan actualizar los precios/plaza de los centros y servicios. También se solicita a las administraciones competentes que aseguren la financiación de los centros especiales de empleo, la mayor herramienta de inclusión laboral para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

 

En el estudio de Plena inclusión se alerta sobre los dos elementos que han terminado desequilibrando los presupuestos: el incremento del gasto energético (condicionado por repunte del precio de electricidad, gas y gasolina) y de los costes de personal, una realidad marcada por el nuevo SMI, la reforma laboral y la revisión salarial. En este último apartado, de acuerdo a la información que contiene el estudio de Plena inclusión, se prevé para 2022 un aumento del 7,5% en la partida que se destina a pagar las nóminas de los profesionales que trabajan en estos 4.000 centros y servicios.

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