El fin del ‘apartheid civil’ que supone la incapacitación legal de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo acerca España a la Convención de la ONU

Versión en lectura difícil

Este contenido NO está adaptado a Lectura Fácil

La semana que viene, el Senado ratificará la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

• La semana que viene, el Senado ratificará la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
• Plena inclusión y la AEFT (Asociación Española de Fundaciones Tutelares) reivindican la financiación pública de un sistema de apoyos que garantice el apoyo la toma de decisiones por parte de las personas con discapacidad intelectual
• La adaptación de la normativa española a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una demanda histórica del movimiento de la discapacidad

Madrid, 6 de mayo de 2021.- El próximo 12 de mayo está previsto que el Pleno del Senado apruebe la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta decisión supondrá un gran cambio en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tienen, en este momento, su capacidad jurídica limitada por figuras como la tutela, la curatela o la patria potestad prorrogada o rehabilitada, así como para aquellas que precisen apoyos en la toma de decisiones.

Desde Plena inclusión y AEFT (Asociación Española de Fundaciones Tutelares) se valora este gran paso dado por el sistema jurídico español para alinearse con los tratados internacionales sobre derechos firmados por España. “La reforma de la legislación civil para su adaptación a la Convención de las ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, supone un cambio de gran calado. De este modo se devuelve la ciudadanía, secuestrada a muchas personas que nunca fueron consideradas como ciudadanas de pleno derecho, para que dejen de ser objetos sobre los que otros deciden y que puedan a empezar a gobernar sus vidas”, explican ambas organizaciones.

Durante todo el proceso de discusión parlamentaria, las aportaciones de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y de Plena inclusión, junto a las realizadas por el CERMI, han sido claves para definir los sistemas de apoyo y ajustes de procedimiento que aseguren una toma de decisiones con apoyos en el ámbito jurídico. También han promovido el reconocimiento de la figura del facilitador o el uso de la lectura fácil y otros canales de accesibilidad cognitiva. Desde estas organizaciones se recuerda el papel que deben jugar las entidades sociales que dan apoyo para la toma de decisiones, manteniendo un rol que asegure el protagonismo de la persona y que evite el conflicto de interés con los servicios sociales. Además, se destaca que la reforma dota a las organizaciones de un papel colaborador con la administración de justicia para conocer los intereses de las personas y sus necesidades de apoyo.

Con la ratificación por parte del Senado del texto, únicamente quedará pendiente su aprobación por el Congreso para finalizar la reforma de la legislación civil que suprime la incapacitación legal de las personas con discapacidad. Así se culmina un trabajo de años en los que el movimiento asociativo de Plena inclusión (935 asociaciones en todo el país) y AEFT han peleado por la desaparición de un ‘apartheid civil’ que limitaba la vida de miles de personas incapacitadas judicialmente, la mayoría con discapacidad intelectual o del desarrollo (autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down y otras). Plena inclusión y AEFT reivindican un sistema de financiación que garantice los apoyos para una toma de decisiones real de todas las personas.

Según un reciente estudio de AEFT, un 84% de las personas apoyadas por Fundaciones Tutelares cuenta con una tutela o incapacitación total, frente a un porcentaje menor de curatelas. En cambio, un 24% tiene necesidades de apoyo generalizadas, lo que supone que todavía se acuda de forma generalizada a una fórmula, basada en la sustitución de las personas, que vulnera sus derechos y que queda reflejada en sentencias no ajustadas a la realidad de cada persona que limitan o eliminan completamente su derecho a decidir e, incluso, a ser protagonistas de sus vidas.