El facilitador judicial apoya el derecho a una defensa con garantías para las personas con discapacidad intelectual

Plena inclusión sostiene que la figura del facilitador judicial apoya el derecho a una defensa con garantías para las personas con discapacidad intelectual

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• Plena inclusión defiende este nuevo perfil profesional de reciente creación que empieza a extenderse en las actuaciones policiales o procesos judiciales en los que las personas con discapacidad intelectual participan como acusadas, testigos o víctimas.
  
• La confederación que agrupa a 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, lleva 30 años acompañando a cientos de personas con discapacidad en centros penitenciarios de todo el país.

Madrid, 23 de agosto de 2024.- El movimiento asociativo de Plena inclusión defiende la presencia del facilitador judicial, ya que con su intervención se garantiza el derecho de las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión a una defensa con garantías. Esta figura profesional apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo durante un proceso judicial o policial para que ejerzan su derecho de acceso a una justicia sin discriminaciones.

Para Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, “Esta figura profesional tiene como función apoyar a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes y el apoyo adecuado”. En su opinión: “El facilitador judicial, por principio, debe ser neutral y no hablar en nombre de las personas con discapacidad ni del sistema de justicia, ni dirigir o influir en las decisiones o resultados”.

Plena inclusión defiende la intervención del facilitador judicial como “una garantía en favor de la accesibilidad cognitiva para las personas con dificultades de comprensión en los procesos judiciales (tanto como presunto/a acusado/a, como en su condición de testigo o víctima), al tiempo que propone que este nuevo perfil profesional se extienda en el sistema judicial español”.

En la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y a raíz de esta reforma el artículo 7.bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla que en cualquier proceso judicial en el que participen estas personas se hagan los ajustes necesarios con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación.

Apoyo en prisiones

Plena inclusión España lleva 30 años desarrollando proyectos, en varias cárceles del Estado, con los que ofrecer el apoyo que reclaman cientos de internos con discapacidad intelectual que cumplen penas de reclusión. La confederación denuncia numerosos casos de indefensión con los que deben enfrentarse a menudo estas personas. Un informe de Plena inclusión sobre prisiones  señalaba que solo en el 31% de procedimientos judiciales se tiene en cuenta la discapacidad intelectual de la persona juzgada.