El derecho a la educación inclusiva debe ser garantizado con recursos suficientes para evitar los efectos de la crisis energética

Alumna con discapacidad en un aula ordinaria

Mañana comienza en muchos colegios
y centros educativos de España
el nuevo curso escolar.

Muchos expertos advierten
de que la subida de precios del gas
con la guerra en Ucrania
puede generar una nueva crisis en España.

A Plena inclusión España le preocupa
que esta situación afecte
a la inclusión educativa
del alumnado que necesita más apoyo
en la Educación.

Por eso, Plena inclusión reclama al Gobierno
que cumpla la Ley de Educación
y la actual Estrategia de Discapacidad
y asegure fondos suficientes
a la igualdad de oportunidades
de estos alumnos y alumnas,
tanto en colegios ordinarios
como en los colegios de educación especial.

Hemos hablado con las directoras
del Colegio Los Tilos,
de la asociación Asprodes Salamanca.
Se llaman María Serrano y Mariam Fonseca.
Ellas nos dicen:

Tendremos menos dinero para gastar
y con ello menos actividades y materiales,
sobre todo actividades en la comunidad,
algo en lo que siempre hemos puesto especial empeño.

El derecho a la educación inclusiva debe ser garantizado con recursos suficientes para evitar los efectos derivados de la crisis energética

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Plena inclusión reclama planes concretos de financiación para la atención a la diversidad en el comienzo del año escolar

  • Plena inclusión España se muestra preocupada por el impacto que ocasiona la crisis energética y la inflación sobre los recursos educativos para la atención a la diversidad, así como la sostenibilidad de sus centros de educación especial.
  • En el inicio de curso, Plena inclusión recuerda al Gobierno su compromiso en la ‘Ley Celáa’ y la Estrategia de la Discapacidad con la inclusión educativa de más de 34.000 estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo (el 80% en centros ordinarios); y la necesidad de dotar a estas políticas de recursos suficientes para el profesorado y los centros educativos.

Madrid, 6 de septiembre. En el inicio del curso escolar, Plena inclusión, confederación que agrupa a 950 asociaciones que apoyan a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, muestra su preocupación por los efectos que la acuciante crisis energética y la inflación derivada de la misma, puedan tener sobre la sostenibilidad de los centros educativos. Por ello, reclama al Gobierno que garantice fondos suficientes para formar al profesorado, adaptar los centros educativos, y establecer ajustes personalizados que faciliten al alumnado con Necesidades Educativas Especiales un acceso al aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras. Y también reivindica medidas que aseguren la sostenibilidad de los propios centros educativos.

Tras la aprobación de LOMLOE, conocida como ‘Ley Celáa’, el Gobierno decidió dotar a las políticas educativas de las comunidades autónomas con un total de 1.185 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia, destinados a la digitalización de los centros de enseñanza, los programas de refuerzo educativo y las Unidades de Acompañamiento y Orientación.

Los efectos que provoca la crisis energética, como consecuencia de la guerra en Ucrania y de la subida de precios y la inflación derivadas de la misma, generan dificultades económicas (tanto en España como en los países de nuestro entorno) en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Por ello es urgente el desarrollo de estrategias concretas que destinen fondos a la atención a la diversidad y a la sostenibilidad de los centros educativos. Esto debe traducirse en planes de formación al profesorado, aumento de ratios y de profesionales especializados en atención a la diversidad, implantación de metodologías que faciliten la participación, presencia y aprendizaje de este alumnado en los centros, y que, tal y como recoge la LOMLOE, los centros dispongan de los medios que permitan que cada alumna y alumno puedan disponer de los ajustes razonables que requieran, medidas de accesibilidad cognitiva, homologación de contenidos y titulación, etc.

Junto a todo ello, la LOMLOE promueve el desarrollo de los centros de educación especial como centros de referencia en la inclusión educativa de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

El Centro de Educación Especial ‘Los Tilos’, de la asociación Asprodes (Plena inclusión Castilla y León), es un ejemplo de esta realidad. María Serrano y Mariam Fonseca, de su equipo directivo, prevén que sus partidas económicas destinadas a recursos y material no serán suficientes: “tendremos menos dinero para gastar y con ello, reducción de actividades y reducción de materiales. Por tanto, sí que afectará en el funcionamiento del centro, sobre todo en actividades en la comunidad, algo en lo que siempre hemos puesto especial empeño”, explican.

El propio Gobierno, en la “Estrategia Española sobre Discapacidad 2022”, recoge entre las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas encargados de revisar el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el Estado Español, la de “dotar de recursos para que los centros educativos, incluido el acceso a los
servicios de apoyo requeridos, para que los alumnos con discapacidad puedan asistir
(EPU, CDPD)”.

Equipo de Comunicación
Plena inclusión España
Fermín Núñez / 649164316/
comunicacion@plenainclusion.org
www.plenainclusion.org
elpoderdelaspersonas.org  

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