Plena inclusión piensa
que casi no hay avances
para poner en marcha
el Plan de Educación Inclusiva.
Es un plan para que todas y todos
estudiemos en los mismos centros:
las personas con y sin discapacidad.
Para eso, es necesario que haya:
- Los recursos necesarios. Por ejemplo:
suficientes profesoras y profesores. - Apoyo a estudiantes
que lo necesiten. - Formación a profesoras y profesores.
La organización pide
a las administraciones responsables
de la educación
que se cumplan las promesas
de la ley de educación.
Según la ley,
este plan debe realizarse.
Pero la ley ya tiene 2 años
y casi no hay avances.
Es importante que se cumpla
de forma tranquila y ordenada.
La educación inclusiva es un derecho.
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- Plena inclusión reclama a las administraciones competentes medidas que desarrollen las promesas de avance esbozadas en la LOMLOE.
- Este movimiento, que agrupa a 950 asociaciones, reivindica al Gobierno y a las CCAA que cumplan con la Disposición Adicional 4ª de la noma que beneficiaría a 65.000 estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo escolarizados en España.
Esta semana finaliza el curso escolar 2021-2022 sin que el Ministerio de Educación ni las Comunidades Autónomas hayan puesto todavía en marcha las medidas con las que promover la educación inclusiva que ya están recogidas en la LOMLOE, una ley que pronto cumplirá dos años en vigor. Así lo denuncia Plena inclusión, una confederación formada por 950 asociaciones de todo el país que apoya a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que remarca el olvido en el que ha caído, hasta la fecha, el desarrollo de la Disposición Adicional 4ª de la Ley de Educación vigente.
“No nos podemos seguir permitiendo olvidarnos de cambios tan necesarios como la extensión de la educación inclusiva a todos los rincones de este país”, argumenta Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España. Esta confederación, que siempre ha defendido una transición ordenada a un modelo en el que los centros de educación especial deben tener un papel fundamental, recuerda que la Estrategia Española sobre Discapacidad, recientemente aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, subraya la urgencia de la aplicación de una educación inclusiva acompañada de los medios necesarios para su desarrollo. Por otro lado, Plena inclusión insiste en que al garantizar los medios y recursos para que se dé una educación verdaderamente inclusiva, España estaría cumpliendo con la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En dicho tratado internacional se exige a los Estados firmantes “que garanticen el acceso de todo el alumnado a las mismas oportunidades para su presencia, participación y progreso a lo largo de su proyecto educativo”.
Formación a agentes educativos
El movimiento asociativo que apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias lleva años peleando para que las administraciones públicas favorezcan el acceso a espacios formativos sobre educación inclusiva para todos los agentes del ámbito académico. Solo de este modo podrán disponer de las herramientas necesarias para la atención y adaptación a las distintas realidades de todo el alumnado. También reclama que se creen las condiciones suficientes para extender estrategias de prevención y abordaje de situaciones de discriminación y acoso en el ámbito educativo por motivo de discapacidad, o de cualquier otro. Esta reivindicación se amplía respecto a la exigencia de regular la Formación Profesional, de manera que estén disponibles todas las medidas, recursos y productos de apoyo necesarios para el alumnado, independientemente de cuáles sean sus necesidades educativas.
Actualmente, en el marco de las subvenciones con cargo al 0,7% IRPF e Impuesto de Sociedades, Plena inclusión trabaja, en colaboración con EQUIDEI y CADA.RED en un estudio de casos cuyos resultados estarán disponibles a partir del próximo año. El objetivo de este proyecto se centra en recoger la información necesaria para apoyar la toma de decisiones de las administraciones competentes en la implementación del proceso de transformación de los centros de educación especial, garantizando que este sea riguroso, coherente, viable y sostenible para el desarrollo de una auténtica educación inclusiva.