- Plena inclusión considera que la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular contra el Copago Confiscatorio de CERMI, supone una oportunidad histórica para eliminar una regulación profundamente injusta.
Cómo viene denunciando desde hace años Plena inclusión el sistema de participación económica de los usuarios en el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia que aplican varias Comunidades Autónomas, es incompatible con la garantía de una política de ingresos mínimos para la inclusión social.
En muchos casos la única cantidad que dicho sistema prevé es la reservada a gastos personales o, como habitualmente denominan, de “gastos de bolsillo”. Esta cantidad, según la normativa estatal, con carácter general es del 19% del IPREM, lo que supone 102,19€ mensuales. Cuantía que ha sido mejorada por algunas Comunidades Autónomas aunque sin superar los 234€ euros mensuales.
Dicha cantidad es absolutamente insuficiente para hacer frente a necesidades médicas, de vestido, tratamientos y apoyos, relaciones sociales, actividades de ocio y culturales. Sobre todo cuando se reconoce por los estudios realizados que el sobre coste que supone la discapacidad intelectual en un grupo familiar supone de media 24.237€ anuales y que puede llegar a más de 47.129€ en el caso de personas con discapacidad con necesidades extensas de apoyo.
La actual tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por CERMI, y en la que participó activamente Plena inclusión, es una oportunidad histórica para eliminar una barrera económica y un sistema claramente segregador que dificulta la inclusión social de un colectivo que, dentro del colectivo de las personas con discapacidad, tiene las rentas más bajas, los niveles más altos de paro y en muchos casos grandes necesidades de apoyo que actualmente no son cubiertas, tal y como arrojan los resultados de los últimos estudios realizados por Plena inclusión en su Estrategia “Todos Somos Todos”.
Plena inclusión espera de los distintos grupos parlamentarios hagan suya la propuesta CERMI que está avalada por más de 700.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas españolas.