El Comité de Ética de Plena inclusión emite un informe sobre educación inclusiva

El Comité de Ética de Plena inclusión ha dado su opinión sobre la educación inclusiva.

El Comité dice que hay criterios que hay que tener en cuenta, como:

  • Comprender al otro.
  • Decir la verdad.
  • Ser honesto.
  • Tener en cuenta las emociones.

Además dice que la educación inclusiva es un derecho.

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El Comité de Ética de Plena inclusión ha elaborado un informe en el que se aportan una serie de criterios desde los que interpretar el debate abierto en la sociedad española sobre la educación inclusiva y su necesaria generalización. El movimiento asociativo ya ha aclarado en su posicionamiento ‘Qué es y qué no es la educación inclusiva’, su punto de vista sobre este derecho reconocido por la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las personas con Discapacidad. El informe del comité de Ética viene a completar lo ya expresado.

El primero de los argumentos sitúa el debate ético desde un enfoque acerca de la “básica comprensión de la preocupación del otro”. El segundo, apela a la veracidad, recalcando que “el más grave atentado a la veracidad se produce cuando acomodamos los hechos a nuestras convicciones e intereses”.

El tercer criterio al que hace referencia el Comité de Éticade Plena inclusión es el de la “honestidad moral en la argumentación”. Para que esta se garantice se tienen que dar una serie de condiciones: la posibilidad de dejarse convencer por el otro, la escucha real y el no concebir el debate como combate sino como proceso.

El cuarto elemento señalado apela a las emociones. Y lo hace al defender “emociones morales positivas que sustenten las convicciones, solidaridades y, especialmente, las confrontaciones”.

Una de las principales afirmaciones del informe es que la ética avala que la educación inclusiva sea asumida como derecho, tal y como propone la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad: “No vivir la inclusión educativa es estar excluido, marginado. Lo cual supone un no reconocimiento de la igual dignidad intangible de todos”.

Por último, el documento destaca que la implantación de la educación inclusiva debe hacerse en tiempos y en modos tales que no quiebren en la práctica esa dignidad de las personas con discapacidad intelectual.

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