La Plataforma Estatal de Representantes del Personas con Discapacidad Intelectual refuerza su causa con asesores como Rodríguez Zapatero o Julián Isla

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• El Comité Asesor está formado por personas de reconocido prestigio que apoyan al foro de representantes de Plena inclusión España, un foro creado en 2021 para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en nuestro país.

• Como principal novedad en 2025 destaca la incorporación de Julián Isla, responsable de recursos de consultoría de datos e inteligencia artificial en Microsoft España y creador de la Fundación 29 que investiga herramientas para agilizar el diagnóstico de pacientes con enfermedades raras.

Madrid, 31 de enero de 2025.- El Comité Asesor de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo se reunió este 30 de enero para compartir los avances alcanzados en ámbitos como el del empleo inclusivo y la capacidad jurídica, y para trazar los retos que asume en 2025. En este nuevo año, este foro de apoyo a la representación se plantea como prioridades de incidencia política la educación inclusiva y la desinstitucionalización de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España.

El Comité Asesor de la Plataforma Estatal cuenta con miembros de reconocido prestigio como José Luis Rodríguez Zapatero, Ana Carratalá, Carmen Laucirica, María José Alonso, Javier Tamarit o Raquel Cárcamo. Como novedad, incorpora en 2025 a Julián Isla, responsable de recursos de consultoría de datos e inteligencia artificial en Microsoft España y creador de la Fundación 29.

“Me gustaría ayudar a las personas a través de mi experiencia y conocimiento del ámbito tecnológico. Mi trayectoria se ha centrado en el desarrollo de proyectos de investigación para el diagnóstico de enfermedades raras, enfocándonos en el punto de cruce de los pacientes, los medios y la tecnología. Agradezco la invitación de la Plataforma a participar en el Comité Asesor. Vengo a escuchar y aprender de su experiencia”, asegura Julián Isla.

Entre los acuerdos tomados en este primer encuentro de 2025 se contempla poner en marcha las propuestas de formación para los integrantes de la Plataforma Estatal en cuestiones como la capacidad jurídica, a cargo de María José Alonso, abogada especialista en Derecho de la discapacidad y asesora del Comité; así como una de iniciación a la Inteligencia Artificial, de la que se ocuparía Julián Isla.

Para Carlos Rueda, codirector de la Plataforma Estatal, “con esta jornada de reflexión y escucha sobre las prioridades del nuevo año tomamos impulso para realizar acciones de incidencia, formación y sensibilización con administraciones públicas, instituciones educativas y hacia el resto de la sociedad. Hay mucho que reivindicar y que cambiar”.

Por su parte, Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión, defiende la prevención de la institucionalización como uno de los temas centrales, para este año, en el Plan de Trabajo de la Plataforma Estatal de la que forma parte. “Esta es una prioridad en la incidencia que debemos hacer, ya que sólo desde la desinstitucionalización las personas con discapacidad intelectual podemos llegar a tener una buena vida en la comunidad, un derecho fundamental todavía poco reconocido”.

Sobre la Plataforma Estatal de Representantes

La Plataforma ha sido impulsada por Plena inclusión quien defiende los derechos de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que son las que ahora residen en nuestro país. Este movimiento asociativo fue creado hace 60 años por familiares de personas con discapacidad intelectual promueve, desde la estrategia ‘El Poder de las Personas’, la incorporación de este grupo humano su incorporación a equipos encargados de la toma de decisiones, como las Juntas Directivas o los Patronatos de las propias entidades de Plena inclusión y de otras organizaciones.

Sobre Plena inclusión:

Plena inclusión agrupa a más de 950 asociaciones en toda España que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Y lo hace en 4.000 centros y servicios en los que trabajan 46.000 profesionales en proyectos donde colaboran más de 8.000 personas voluntarias. Su misión es lograr una sociedad más justa e inclusiva a través de la defensa de los derechos de las personas y sus familias, la innovación social y la participación comunitaria.