Estos indicadores son herramientas que nos permiten medir o analizar de
forma objetiva y estandarizada si las sentencias, resoluciones o autos que se analizan, aplican la normativa conforme con el espíritu y la esencia de la Ley 8/2021, así como con el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
El resultado que se presenta en este documento es el fruto del acuerdo de un grupo conformado por personas expertas en la materia y por los investigadores e investigadoras que forman parte del proyecto del Observatorio de Jurisprudencia de Plena inclusión.
El segundo Informe del Observatorio de jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, recoge datos recopilados hasta diciembre de 2023.
Al igual que el informe anterior, ha sido realizado por un equipo de investigadores de las Universidades Carlos III de Madrid, Valladolid y Nacional de Mar del Plata, así como de las tres organizaciones que coordinan este proyecto.
Al final del mismo incluimos un anexo con referencias de todas las resoluciones judiciales examinadas, tanto sentencias y autos del Tribunal Supremo, como otras sentencias de las diferentes audiencias provinciales.
El primer Informe del Observatorio de jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, recoge datos recopilados hasta diciembre de 2022.
Este Informe ha sido realizado por un equipo de 9 investigadores de 3 universidades diferentes (Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Valladolid y Universidad Nacional de Mar del Plata), así como de las tres organizaciones que coordinan este proyecto.
En el mismo pueden verse buenas y malas prácticas en el apoyo a la toma de decisiones y la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como una serie de recomendaciones y propuestas.
En cumplimiento del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2018 Perú reformó su Código Civil eliminando la interdicción por motivos de discapacidad y creando un sistema de apoyos y salvaguardias. El presente artículo hipotetiza que, a poco más de tres años de la reforma, este cambio solo es aparente, pues en la práctica la sustitución de la voluntad se mantiene como regla. Para ello se analizan 34 decisiones judiciales de restitución de capacidad jurídica a efectos de demostrar la incompatibilidad con los estándares de capacidad jurídica propuestos a nivel internacional.
Celia Prados García. Revista Boliviana de Derecho nº35, enero, 2023, pp. 540-553.
Con este trabajo se persigue analizar críticamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Santander, de 14 de febrero de 2022, relativa a la petición de guarda y custodia compartida por parte de uno de los progenitores respecto de un hijo adulto con discapacidad*. En opinión de la autora, la sentencia confunde algunos de los principios sobre los que descansa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la propia Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Celia Prados García. ISBN: 978-84-1122-975-3. D.L.: M-4821-2023, 257 pp.
La privación de libertad de personas con discapacidad es uno de los principales motivos de preocupación en materia de derechos humanos en todo el mundo. Los informes de Naciones Unidas evidencian que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual son recluidas o sometidas a restricciones físicas, con independencia de la tradición jurídica del país.
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