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Madrid, 1 de marzo de 2021.- En la tarde de hoy lunes, 1 de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se ha reunido con representantes de Plena inclusión España. Enrique Galván, director de la confederación que agrupa a 935 asociaciones que luchan en toda España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, TEA o parálisis cerebral), ha acercado al responsable de Interior datos preocupantes que demuestran la situación de exclusión extrema que afecta a la población reclusa con discapacidad intelectual. Esta información se revela en el estudio ‘A cada lado’, de Plena inclusión, la investigación más reciente (2020) y extensa sobre esta realidad realizada en nuestro país.
“Hemos solicitado al ministro que arbitre mecanismos (ya que es el máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) para detectar cuanto antes que una persona detenida tiene discapacidad intelectual, porque los datos son muy preocupantes: Solo a un 8.9% se le tiene en cuenta la discapacidad en comisaría, alcanzando el 51% en prisión. Y en el procedimiento judicial hay un 69% de personas con discapacidad intelectual a las que no se les tiene en cuenta”, explica el director de Plena inclusión.
En el estudio que se ha compartido con el titular de Interior, Plena inclusión que trabaja desde 1985 con población reclusa, aporta 50 propuestas de mejora para un sistema judicial, policial y penitenciario que “estigmatiza y discrimina a cientos de personas con discapacidad intelectual presas”. Entre ellas destacan herramientas de cribado y detección temprana de la discapacidad que se ofrecen a los servicios policiales y penitenciarios.
BAJA REINSERCIÓN Y ACCESO A LA FORMACIÓN
Los datos aportados a Grande-Marlaska, que proceden del estudio ‘A cada lado’ no dejan lugar a dudas:
- El porcentaje de reincidencia es de un 54.5%, muy superior a la media del resto de la población reclusa
- Un 16.3% de estas personas que cumplen condena acceden a la formación que ofrece Instituciones Penitenciarios por falta de adaptación de los materiales a lectura fácil.
- El 94.3% de las penas privativas de libertad que cumplen las personas con discapacidad intelectual se hacen en centros penitenciarios y solo en un 3.4% se ha usado en recursos de suspensión o sustitución de pena.
Plena inclusión demanda, entre otras medidas, que se fomente la ejecución y cumplimiento de sanciones penales en el medio comunitario con ciertas restricciones.