La crisis que estamos viviendo por la enfermedad COVID19, hace patente la mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, tanto respecto al ejercicio de sus derechos como en el acceso a las oportunidades para mantener una vida significativa y feliz, a la vez que segura.
Esta situación conlleva tomar decisiones sobre cómo desarrollar las actividades en el día a día de las organizaciones, lo que genera nuevas dudas y conflictos ante las que se pide una orientación desde la perspectiva ética.
El Comité de Ética pretende ofrecer unas orientaciones que contribuyan a una toma de decisiones coherente con los principios éticos de Plena Inclusión.
Las dudas planteadas y las correspondientes respuestas son las siguientes:
1-En algunos centros, debido a la escasez de recursos, están dotando de EPIS y realizando test solo a los profesionales.
¿Debe tenerse en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? ¿Cuáles deben ser los criterios?
La dotación de EPIS y realización de test debe tener en cuenta las recomendaciones médicas, en función de la situación de cada persona (contagio, sospecha de contagio, relación con personas contagiadas, posibilidad de mantener la distancia de seguridad), y en ningún caso debe vulnerar el principio de no discriminación.
Por ello, entendemos que debe tratarse por igual a todas las personas que formen parte del centro o servicio y estén en la misma situación, ya que el derecho a la salud no difiere de unas personas a otras, ya tengan discapacidad, sean trabajadores o voluntarios.
Para ampliar la información sobre este asunto consultar el documento: El derecho a la salud de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la crisis sanitaria del COVID19, se puede descargar aquí.
2-En el caso de que la Administración deje de financiar las plazas públicas al 100%, por la no vuelta a los centros.
¿Cómo deben distribuir los recursos las organizaciones? ¿Debe ser una distribución igualitaria o equitativa? ¿Con qué criterios?
La situación de crisis que estamos viviendo puede suponer una buena oportunidad para provocar un cambio de “escenario” y dar un paso hacia adelante en los procesos de desinstitucionalización y asistencia personal. De manera que se mantenga la prestación del servicio desde un enfoque personalizado y en el entorno comunitario, ya sea de forma provisional o transitoria mientras se resuelve la cuestión, o bien de forma permanente para aquellas personas que elijan esa opción.
El principio que debe asumirse en este caso es el de justicia. Contemplado en su versión distributiva, implica relaciones guiadas por el reparto equitativo de bienes y servicios con los que se satisfacen necesidades que potencian las capacidades en un marco de igualdad de oportunidades. Por tanto, a mayores necesidades de apoyo, mayores recursos. Igualmente, en relación a la familia, a mayores dificultades para la atención al familiar con discapacidad, mayores recursos.
Los criterios concretos para decidir qué situaciones son prioritarias a la hora de prestar los apoyos, se pueden consultar en la página 26 del documento de Plena inclusión: Propuestas para la desescalada ante la crisis del COVID-19, que se puede descargar aquí.