Plena inclusión agradece que
el Parlamento inicié
un proceso para eliminar
de Código Penal
la esterilización forzada
de las personas con discapacidad.
La mayoría y por autorización de un juez,
son mujeres con discapacidad intelectual.
A estas mujeres se las opera
sin permiso para que no
tuvieran hijos por tener
discapacidad.
Esto es logro histórico
del movimiento asociativo.
Son muchos años lucha
junto al CERMI.
Cristina Paradero pertenece
Grupo de Apoyo a la Dirección
de Plena inclusión,
es miembro de la Directiva y
activista de los derechos
de las personas con discapacidad.
La eliminación de la esterilización forzosa
supone la recuperación de un derecho que se vulnerado
muchos año que privaba
de tener familia.
Ines de Araoz es la coordinadora del
área jurídica de Plena inclusión España
Inés está segura de que esta medida
tendrá éxito y recuerda que la
Convención de Derechos de las personas,
de Naciones Unidas dice que esta
eliminación debe ser real.
Estas medidas deben garantizar
apoyos a la maternidad y paternidad
de las personas con discapacidad.
Carlos de la Cruz
Sexólogo y Director del Master
de Sexología de la
Universidad Camilo José Cela
de Madrid
Hay que favorecer un desarrollo completo
en que las personas con discapacidad
tenga intimidad y a tener pareja, dice Carlos.
Para ello estas personas deben tener
los apoyos, tomar su propias decisiones
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– Hoy se inician los trabajos para retirar del Código Penal el supuesto que permite la esterilización involuntaria o forzada por estar en contra de la legislación internacional de derechos humanos.
– Plena inclusión defiende que además se deben garantizar la salud (con revisiones ginecológicas) y los derechos sexuales de las personas con discapacidad con los apoyos necesarios.
Plena inclusión España saluda que por fin el Parlamento haya iniciado el proceso para eliminar del Código Penal el supuesto que permitía la esterilización involuntaria o forzada de las personas con discapacidad, en su mayoría mujeres con discapacidad intelectual, por autorización judicial. La mayor confederación española que trabaja defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) señala esta iniciativa del Congreso como “una conquista que llega tras la lucha de años del movimiento de las personas con discapacidad con el CERMI Mujeres a la cabeza”.
Hoy mismo está previsto que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados inicie los trabajos para modificar el Código Penal que ha legalizado la esterilización de miles de mujeres con discapacidad en nuestro país. La ley española autoriza hasta la fecha que esta decisión la pueda tomar el tutor o tutora en el supuesto de personas con la capacidad modificada, con el refrendo de un juez, y que se haga sin el consentimiento de la persona a la que se le priva de su capacidad para tener hijos.
Para Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena inclusión y activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la abolición de la esterilización forzada supone “restaurar un derecho fundamental que se ha violado durante demasiado tiempo”. En opinión de Paredero, quien fue víctima de joven de una esterilización no elegida, “este es un gran momento para muchas de nosotras porque se hace justicia. Miles de mujeres hemos sido privadas de nuestros derechos reproductivos con el consentimiento de los poderes del Estado”. Y añade: “la justicia debe ser igual para todas sin importar la discapacidad o capacidades que tengas”.
Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, añade otra propuesta: “estamos seguros de que esta reforma tendrá éxito, pero no podemos olvidar que el pleno respeto a la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’ de la ONU implica que esta eliminación debe venir acompañada de medidas que garanticen que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dispongan de los apoyos necesarios para poder ejercer su maternidad o paternidad”.
Derecho a una sexualidad plena. Además, hay otras cuestiones fundamentales de las que se habla poco y que están relacionadas con la sexualidad de las personas con discapacidad. Carlos de la Cruz, sexólogo y director del Máster de Sexología en la Universidad Camilo José Cela, entiende que debe promoverse un desarrollo completo de la sexualidad de las personas con discapacidad que favorezca su intimidad y la posibilidad de tener pareja. “Pero para lograrlo”, aclara, “hay que garantizar los apoyos necesarios para que las personas puedan tomar su propia decisión en libertad y con plena responsabilidad”. Precisamente De la Cruz coordinó el ‘Posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo’ del movimiento Plena inclusión en el que la organización aporta elementos que desvelan la importancia de un derecho fundamental (a una sexualidad plena), del que miles de personas con discapacidad no pueden disfrutar.
Desde Plena inclusión también se defiende que se promuevan medidas contra el abuso sexual, del que las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo son objeto; y de fomento de la salud reproductiva, animando a que se hagan habituales las revisiones ginecológicas y, en general, todas las que refuercen el respeto de todos sus derechos sexuales y reproductivos.